Al
Poder Judicial lo apodan “la Justicia”. Es un uso extendido, casi
unánime. El cronista libra una cruzada poco exitosa contra esa
sinonimia, propone llamarlo por su nombre, no más. La justicia es un
anhelo, una plenitud que las instituciones no logran. La actuación del
Poder Judicial, si se la mira bien, no la consigue casi nunca. Y casi no
hay que reprocharlo. Su finalidad esencial es restaurar equilibrios
supuestamente quebrados. Se orienta prioritariamente a dar certezas,
fijar las relaciones, que a aspiraciones más profundas y, ay, más
difíciles. Por eso la prescripción que cristaliza un derecho o la
impunidad por el mero transcurso del tiempo. Por eso la innumerable
cantidad de casos que se resuelven por formalidades. Una apelación
presentada un rato después de la hora prevista (o en otro juzgado, por
error material) es un mejor camino a la derrota absoluta que la falta de
derechos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a “democratizar”
el Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, con perdón de la sigla): pateó un
avispero. El oficialismo suele obrar así, acomete respecto de poderes
cristalizados, intocables o poco tocados. Genera un revuelo descomunal,
desata polémicas, batallas culturales. El fallecido ex presidente Néstor
Kirchner preguntó “¿qué te pasa Clarín? ¿estás nerviosho?”. Y miren
todo lo que sobrevino.
Las revueltas que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran
implementaciones perfectas, pueden derrapar a desmesuras, casi siempre
son respuesta a necesidades políticas tácticas. Como sucedió con la ley
de medios, siembran en terrenos ya arados o en polémicas ya construidas.
La diferencia, nada menor, es que quien se pone al frente es un
gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.
La convocatoria es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos,
desafía a los sectores implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en
estos días. Organizaciones de magistrados se arrogaron la representación
de todos sus pares y se rasgaron las vestiduras. Muchos de sus colegas
reaccionaron contra la movida unanimista, instada por varios integrantes
de la Corte Suprema que tiraron la piedra y escondieron la mano.
Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se reconocían en
sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se reunirán en la
Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión contra
una cultura del silencio.
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Tropa de elite: Hablamos del único poder del Estado
cuyos integrantes son, en principio, vitalicios y no surgen del voto
popular. A los jueces se los moteja de “Su Señoría”, un vocablo
nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año XIII) chocante a
cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del Estado más
aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de
Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del
principio constitucional de intangibilidad de sus salarios.
El elitismo deriva de la propia conformación de la magistratura:
sólo la componen abogados. Es una obviedad, dirá usted, por las tareas
que desempeñan. Así es, pero el sesgo del elenco judicial no debe
pensarse como una virtud o como un rasgo neutral sino como un lastre.
Fuerza a tratar de compensar su elitismo y sectarismo, digamos
congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los legisladores del
Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo tocante a
diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.
El cronista se adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio
copernicano, “a la boliviana”. Apenas señala un escollo para que un
poder público propenda a la diversidad y atenúe su elitismo.
En un trabajo profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe
rendir cuentas el sistema judicial?” http://www.sistemas
judiciales.org.), el jurista Alberto Binder clava una pica en Flandes.
“El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada
por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes, gobernadores,
intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto
popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial
Stella Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de
prestar “un servicio público digno a la gente”. La mayoría de
magistrados y funcionarios no presta atención a los litigantes. Muchos
no los ven jamás o casi nunca. La cultura judicial es “leerse” en las
valoraciones de sus pares, de los académicos, de los abogados como
mucho.
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Lo importante es la familia: La expresión “familia
judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con lealtades firmes más allá
de lo funcional y a un poder donde las presencias familiares se
reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos. Stella
Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra
entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de
los tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia
prevaleciente es tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense,
en las que se forman jóvenes que son la primera generación de su familia
en acceder a un título de grado, serían un buen “semillero” de
oxigenación. Más concursos en rangos bajos, una herramienta posible,
aunque la entorpece la significativa cantidad de personal contratado que
revista en los tribunales federales o nacionales. Los concursos para
secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos por la aciaga
Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida. Abrir,
ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.
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Hablo para que no me entiendas: La jerga forense es
otro factor elitista. Está plagada de expresiones ajenas al lenguaje
común, poco atentas a la perspectiva del receptor. Otra característica
antidemocrática y aun antipopular.
Binder da en la tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de
sentencias”: “información irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula,
preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de
razonamientos son una constante demasiado extendida”. Frente al problema
detecta “poco entrenamiento y preocupación”.
A diferencia de legisladores, gobernadores, ministros o presidentes
los jueces no dependen para progresar en su carrera, o para mantenerse,
de que el judiciable los entienda y les crea.
La notificación judicial de casi cualquier acto es incomprensible
aun para una persona con buena formación intelectual que no sea abogado.
Una citación no se entiende, un mandato necesita ser traducido al
castellano. A nadie se le ocurre predicar que, cuanto menos, en las
comunicaciones a las partes se combinen el vocabulario formal con otro
inteligible para el vulgo. Toda una señal.
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Cuestiones de (in)competencia: Lo críptico, lo
cifrado es un atributo del poder autoritario. Vale también para las
reglas de la competencia de los Tribunales. Materia abstrusa que
proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear los
trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que
el fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas
minucias, agrava las dificultades. El argumento-pretexto es la gran
especialización de los magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre
el afán de prestar decorosamente un servicio público. La competencia es
muy restrictiva, detallista, restrictiva.
Pero en chocante contrapartida, existe otra institución aun más
incomprensible para cualquier lego. Es el “control difuso” que consiste
en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de
cualquier ley.
Usted, imagino, supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia
constitucional de su Cámara Superior o de la misma Corte si han fijado
un criterio. Usted piensa con lógica, vade retro: se equivoca. Aunque
haya jurisprudencia en contrario, aun en la cúspide del PJ, cualquier
juez puede decretar una inconstitucionalidad.
El mecanismo es ensalzado como prueba de autonomía cuando es
anárquico, tiende a debilitar a otro estamento del Estado. Edifica una
jerarquía “de facto” que nada tiene que ver con la afamada división de
poderes. Y genera incerteza, por no decir inseguridad jurídica...
Una solución que (horror) simplificaría sería crear un método por el
cual un tribunal constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que
pueda declarar inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo
sucesivo, que esa ley se ejecutara. Sería una solución imperativa para
el resto de los tribunales y para los otros poderes. Julio Maier es un
destacado jurista, eminencia en Derecho Procesal Penal, docente
universitario, ex juez. Afirma que esa solución es viable y no requiere
reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia cree que ese cambio
solo podría provenir de una reforma constitucional.
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Cautelar fácil: Caso Clarín mediante, los abusos de
medidas cautelares están de moda, también el debate respectivo. La
explicación será entonces breve. Un mecanismo de protección se
transforma en un sustituto perverso de la sentencia.
Las prisiones preventivas son uno de los abusos más repetidos y más
preocupantes de las cautelares. Acá hay que distribuir
responsabilidades: “la tribuna”, muchos periodistas, funcionarios y
dirigentes políticos claman por detenciones durante el proceso, que
deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El saldo de una
prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un juez no
debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.
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La cultura del trabajo: Un servicio público que, en
lo primordial, cierra durante un mes y medio al año es algo chocante...
fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un mes y medio de “feria”
combina privilegio sectorial con perjuicio a los ciudadanos. Acentúa la
prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en invierno.
Según las normas vigentes, el horario de los jueces y secretarios
federales y nacionales se extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas
semanales durante diez meses y medio es una carga modesta, para gente
que hoy día cobra muy buenos sueldos y jubilaciones muy superiores aun
respecto de quienes tengan similares ingresos.
Desde luego, es un milagro encontrar a un juez a la hora de
iniciación. Más de una vez, organizaciones de abogados hicieron
recorridas tempranas que resultaron desoladoras: ausentismo casi
perfecto.
Los magistrados afirman que es ocioso llegar tan temprano, que
laboran mucho y mejor fuera de hora, amén de llevar trabajo a sus casas.
Hay numerosos casos en que es así, hay otros que no. El control
sistémico es cero.
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Sean eternos (solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.
La cantidad de jueces puede ser parte de los motivos. La demora en
la cobertura de juzgados vacantes (que pesa básicamente sobre el
Ejecutivo) también.
Otro núcleo son los códigos procesales. La abrumadora predominancia
de lo escrito y del papeleo vicioso. La proliferación de instancias. La
existencia de códigos procesales diferentes en surtidas provincias no es
el nudo del problema, aunque también lo acentúa.
Y los desempeños de los magistrados quizá sea la principal. Que dos
juzgados del mismo lugar y de similar competencia produzcan resultados
muy diferentes en calidad de la atención al público, duración de los
expedientes y calidad de las sentencia comprueba que los factores
personales pesan mucho.
Los plazos para el dictado de sentencias de primera instancia y de
Cámara están fijados por ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica
jerárquica: no hay tribunal superior que pueda sancionarla. Pero sería
un gesto de autoridad y ejemplaridad que la Corte se autorregulara y se
los impusiera.
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Y mucho más: Esta nota, que queda corta en temas a
abordar, deja entre paréntesis aspectos que sólo podrían corregirse
mediante reforma constitucional. No es un punto de vista valorativo sino
un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían comenzarse a
trabajar.
No habla, tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a satisfacción de nadie.
No se centra en responsabilidades o carencias de otros poderes. No
porque no existan sino porque han sido y serán objeto de otros
artículos. También hay que señalar otra diferencia. Los integrantes de
los poderes políticos son cuestionados y puestos bajo la lupa por sus
propios pares. Los dirigentes de distintos partidos señalan sin piedad
las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se da todos los
días. Es una consecuencia de la competencia democrática, inaplicada en
un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las
discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.
Ya que de cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las
leyes, en los códigos de procedimientos, en los mecanismos de control,
en perforar el secretismo judicial. Pero nada cambiará si los
magistrados no hacen introspección, se bajan del pedestal, elaboran un
mínimo inventario de los beneficios y exenciones especiales de que
gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su cerrazón, la
escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad sino
como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.
Democratizar la democracia siempre es imperioso, en todos los
ámbitos. A más oscuridad, a más sectarismo, a menos intervención popular
es mayor la necesidad. Con amplio debate público, dentro de la ley, con
afán de cambio y oxigenación.
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