jueves, 20 de septiembre de 2012

El doble discurso del PRO

La autora trae a la memoria algunos momentos que ponen de manifiesto el doble discurso del PRO y sus principales figuras.

Por Julieta Costa Díaz (*) en Página/12 de la fecha. Los subrayados son nuestros.

Más allá de la buena decisión de designar a Martín Sabbatella al frente de la Agencia Federal de Sistemas Audiovisuales por parte de la presidenta Cristina Fernández –que seguramente redundará en una mayor eficacia a la hora de distribuir democráticamente la palabra–, me interesa destacar que a raíz de este nombramiento la diputada Laura Alonso ha vuelto a mostrar el doble discurso del que hacen uso y abuso ella y su partido, el PRO, en cuestiones relacionadas con la transparencia en los asuntos públicos y el respeto a las instituciones.
Empecemos por el caso más reciente. Enterada de la propuesta para designar a Sabbatella al frente de la Afsca, la diputada Alonso escribió en su cuenta de Twitter: “Sabbatella no puede pedir licencia. No se puede tener cargo en el Legislativo y el Ejecutivo. La Constitución Nacional es clarísima”. Amén de que la CN en su artículo 72 la deja sin argumento, ella debería recordar que su compañero de partido Esteban Bullrich estuvo casi un año de licencia de su banca de diputado nacional para trabajar como ministro de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires. Decía Pinedo en esa sesión del Congreso justificando el pedido de licencia: “En nombre de nuestro bloque, que es el que integra el señor diputado Bullrich, que él no está solicitando licencia para obtener un seguro de desempleo eventual, sino para prestar un servicio a la ciudad y al distrito que lo votó”, y concluía: “El pedido de licencia está previsto en el reglamento”.
Pero no es el único caso en el que el PRO y la diputada Alonso muestran un largo trecho entre lo dicho y lo hecho. Al producirse la vacante de procurador general de la Nación, la ex Poder Ciudadano dijo: “Espero que la Presidenta se inspire en aquel decreto de Néstor Kirchner y emplee para designar al nuevo procurador el mismo sistema que ideó el ex presidente para designar a los jueces de la Corte Suprema cuando se autolimitó y convocó a audiencias públicas en el Senado” haciendo referencia a los decretos 222 y 588 de 2003 firmados por el entonces presidente, que autoimponen un freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la facultad de designar a los miembros de la Corte y a las cabezas del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General, abriendo el juego a la participación ciudadana. De más está decir que no sólo la Presidenta cumplió, sino que el mecanismo funcionó tan bien que el candidato Reposo no llegó a ocupar el cargo que ahora detenta la doctora Gils Carbó, que fue sometida al mismo proceso. En cambio, no se escuchó ni una sola palabra de la diputada cuando Mauricio Macri derogó en el año 2010 el decreto 1620/03 firmado por Aníbal Ibarra, que era réplica de los aludidos precedentemente para designar a los máximos magistrados en el orden local.
Por último, en febrero de este año junto a otros diputados, la representante de la Ciudad por el PRO en la Cámara baja firmó un pedido de informes acerca de cuánto perciben como salario la Presidenta y su gabinete, información que fue publicada en los medios en marzo y que constituye un buen paso en el acceso a la información pública y que debería oficializarse normativamente. Ahora bien, ¿qué sucede en la Ciudad? Desde fines del año pasado le venimos solicitando al jefe de Gobierno que cumpla con la Ley 572, que lo obliga a publicar en la web oficial porteña mes a mes el salario de él y sus funcionarios, normativa que aún no ha cumplido Mauricio Macri y que la diputada Alonso no está preocupada en que se cumpla.
Doble discurso, doble moral y la caradurez discursiva de un proyecto político que ensaya en la Ciudad el retorno a un país para pocos.

* Juntista comunal por el Socialismo Auténtico - Comuna 13.

martes, 4 de septiembre de 2012

Votar a los 16? Experiencias comparadas


Con vos y voto

Jóvenes moviéndose por doquier. Votar a los 16, una propuesta que amerita una discusión serena. Experiencias comparadas. Derechos y deberes ya estipulados por leyes argentinas. Denuncias y editoriales enfadados, el espantajo de la ambición electoral. Ampliaciones de derechos: casos, antecedentes. Reformas que avanzan.

  Por Mario Wainfeld

Miles de estudiantes chilenos pueblan las calles, trastruecan el sistema político, crean o adecuan consignas, incorporan demandas. Tuvieron en vilo a la ex presidenta Michelle Bachelet, ahora jaquean a su opositor-sucesor Sebastián Piñera.
Reclaman por derechos, que en su mayoría rigen en la Argentina desde hace décadas. Son una torrentada, con discurso propio, cuestionamientos a un bipartidismo demasiado sesgado a derecha.
En Francia, pocos años atrás, jóvenes de barriadas populares protagonizaron jornadas de violencia política. Bregaban por visibilidad por trabajo, por equidad, por que se internalizara que son franceses, descendientes de migrantes a quienes se sigue discriminando por su origen o tonalidad de tez.
El desempleo en la Unión Europea es plaga, adivinen cuál es el tramo etario más vulnerado.
En el Manual de derecho penal, escrito por Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, se remarca que “los hombres jóvenes son los preferidos para la criminalización (mientras) la victimización violenta se reparte entre éstos, los niños, los adolescentes y los ancianos”.
En la Argentina, un proyecto oficial para conceder derecho a votar a las personas que hayan cumplido 16 años desata la consabida tormenta tropical. Los sectores irredentos de la oposición se alinean enfrente, de pálpito, denuncian manipulación. Desdeñan, sin explicitarlo, la inteligencia y autonomía de los potenciales nuevos votantes.
La Nación gatilla un editorial, flojito como pocos, y lo dispara casi sin mirar.
Es una saludable norma de ampliación de derechos, opinable… pero va en el rumbo indicado por las tendencias locales y mundiales. Ampliaría la participación ciudadana, un objetivo que se supone muy valorado y compartido.
Una eventual ley “templada” que atañe a variables complejas no habilita la furia y esquematismo con que se le responde. La celeridad del oficialismo, su afán turbulento de acelerar al mango sus iniciativas puede motivar recelos o críticas.
Pero en el fondo de la cuestión, sencillamente, el kirchnerismo es más audaz e innovador que sus alternativas. Y cuenta, dato nada menor, con capacidad de convertir sus propuestas en realidades.
Las interesantes movidas de ampliación de derechos de los gobiernos kirchneristas pueden, a estos afectos, clasificarse en dos vertientes. Algunos habían sido reclamados por minorías activas (de los sectores involucrados, académicas, culturales, políticas, militantes y algún etcétera): la ley de medios, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el matrimonio igualitario. El oficialismo se montó, con su potencia impar, en oleadas preexistentes.
En otros casos, los reclamos no gravitaban tanto o no existían, al menos en la esfera pública. El cronista anotaría allí los beneficios previsionales y laborales para las empleadas domésticas, la universalización de las jubilaciones para quienes no tenían aportes (amas de casa) o no estaban al día. La génesis distinta no les resta valor ni legitimidad. El voto a los 16 puede añadirse a esta lista.
Quienes vaticinan manipulación, control de las decisiones de chicos y chicas adolescentes dentro de un año, tres o cinco, saben poco de política y subestiman el peso que tienen los derechos universales.
Una vez institucionalizado el derecho, sus titulares lo defenderán, lo harán suyo y lo expresarán como mejor les plazca. Tal el encanto de los derechos universales: se incorporan al patrimonio de su titular y guay de quien amague sacárselo, máxime en la Argentina democrática.
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La mirada de los otros: La Nación camina en la cuerda floja cuando fulmina la idea. Algo ha cambiado en el siglo XXI: la platea de doctrina debe a veces sofrenar la sinceridad, disimular su idiosincrasia. El clima de época imperante desautoriza ciertos discursos.
Nadie podrá aseverar si esta variación perdurará por siempre o por mucho tiempo. De momento, discriminar “de frente” queda muy feo, deja en falsa escuadra, aun a un medio confesamente procesista. Aleluya, por lo pronto y mientras dure.
En el ínterin, pues, La Nación no descalifica la inteligencia de pibes o pibas.
Ni siquiera subestima a los inmigrantes con más de un año de residencia en el país, que podrían ser comprendidos en el nuevo régimen electoral.
Su argumento en contrario es endeble, de oportunidad. No hay que hacer tantas reformas en poco tiempo, ralentan. El año pasado se implantaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), rememora el editorial.
Y alerta: su resultado anticipó el de las elecciones generales.
O sea, la herramienta que es un avance, ya ensayado en la provincia de Santa Fe, se descalifica por una contingencia coyuntural: hubo demasiados votos para Cristina Fernández de Kirchner. Pecado mortal, para el dogma pseudorrepublicano.
Sobraron motivos políticos, económicos y sociales para explicar el aluvión en las urnas, es necio atribuirlo monocausalmente a la innovación de las PASO. De ahí a la excomunión del mecanismo hay un milímetro de distancia, el periódico mitrista lo recorre a paso redoblado.
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Luces y sombras: El kirchnerismo, claro está, tiene luces y sombras en sus desempeños en esta materia. Lascandidaturas testimoniales fueron un enchastre, una pésima praxis. Fíjese usted qué casualidad: ante esa añagaza el “rebaño” de votantes, los “rehenes” castigaron al kirchnerismo como nunca antes y nunca después.
En cambio, las PASO aportan a la calidad institucional. También a la combinación entre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la reforma política que abrieron una hendija de oportunidad a partidos minoritarios para irrumpir en los medios.
Unos cuantos diputados opositores, mayormente de origen progresista o de centroizquierda, tenían presentados proyectos semejantes al que moviliza, a su ritmo habitual, el senador Aníbal Fernández.
Un síntoma de la etapa: no se abroquelaron con los adversarios a todo lo que mociona el oficialismo. Insisten en sus propuestas, bregan por debatir detalles. Algunos, como la no obligatoriedad del voto, abren discusiones sugestivas.
La diferenciación de los bloques opositores vuelve a dejar de lado el diseño del Grupo A tan infausto para sus propias chances y para la calidad democrática. Enhorabuena por el viraje, que enfila bien.
El ex gobernador socialista Hermes Binner recordó que se afilió al socialismo no bien cumplió 16 años. El ex presidente Raúl Alfonsín y muchos correligionarios han referido anécdotas similares.
Afiliarse no era un trance de iniciación, sino de convalidación posterior. En otros tiempos, la vocación política brotaba joven. Para algunos, seguramente para una proporción minoritaria… pero su sangre transfundía fuerza y novedad. De eso se trata, casi siempre.
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Primero, que vayan en cana: El análisis comparativo mundial comprueba que el piso etario favorito es 18 años. Los promotores del proyecto señalan que Brasil, Ecuador, Cuba y Austria reconocen el voto a los que cumplieron 16 años.
También lo hay en cantones suizos. La iniciativa postula una ampliación de derechos que no prima, pero que no es estrafalaria. Cabe añadir que en otros países se discuten cambios en la edad y todas las propuestas consisten en bajarla, jamás en aumentarla.
En la Argentina, la tendencia es también a conceder derechos a edades más tempranas. La mayoría de edad, tan luego, se bajó de 21 años a 18 años sin que hayan acontecido cataclismos, que se sepa. Y quien osa casarse se emancipa antes. También aquellas personas precoces, que acceden a un título habilitante antes de los 18.
La consistencia del derecho electoral con otros tipos de facultades o deberes es un aspecto intrincado, porque el sistema legal actual (ya antes de que emergiera el proyecto que analizamos) es una buena ensalada. Los Códigosmás amplios están desactualizados y plagados de incongruencias: debido a eso se están reformando el Civil y el Comercial por un lado, y el Penal por otro.
Un vistazo panorámico que combina reglas actuales y alguna de posible pronta sanción, comprueba que losargentinos de 16 años son ya titulares de significativos derechos y cargas.
Contra lo que se clama en muchos medios, los 16 años son el parteaguas más significativo para la imputabilidad penal. Los menores de 16 años no son punibles en ningún caso.
Entre 16 y 18 años son punibles respecto de los delitos más graves. Sólo tienen alguna diferencia en delitos de acción privada o que, dando lugar a acción pública, estén castigados con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, multa e inhabilitación. O sea, la diferencia es respecto de delitos relativamente leves.
Para realizar libremente una actividad laboral hace falta tener 18 años, según la ley de Contrato de Trabajo. Un menor que ya tenga 16 puede hacerlo con autorización paterna. Esa autorización se presume si el menor vive independientemente de la familia. O sea, si resuelve abrirse, puede contratar en plenitud de derechos.
Con un cacho de incongruencia, la Ley de Asociaciones Profesionales permite afiliarse a quienes tengan más de 14 años. Si están afiliados, tienen derecho a votar. Para aspirar a cargos electivos, deben esperar a la mayoría de edad.
Según el anteproyecto de Reforma del Código Civil que se aborda en estos días, “a partir de los DIECISEIS (16) años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”. Recórcholis.
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Margaritas a los chanchos: El voto femenino provocó reacciones más furibundas, aunque algunas resuenan como un eco, en estos días. Los jóvenes no califican, that is the question, pontifican –sin elementos empíricos a la vista– adultos que no siempre dan la talla.
Las alertas cunden. “Intento de una maniobra electoral que tiene como objetivo la utilización de este segmento de posibles votantes con intenciones electorales” alerta un breve y poco sustancioso comunicado del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
Dignatarios de la Iglesia surfean en la ola clarinista y denuncian que La Cámpora busca infiltrarse en los colegios religiosos. La demonización de la agrupación juvenil entra, quizás, en una etapa inquisitorial. Vade retro, Satanás.
Los cargos sobre electoralismo son muy precarios, asombra que surjan de dirigentes de partidos de tradición popular. La sal y la pimienta de la democracia es que los dirigentes traten de conseguir apoyos populares tangibles y mensurables.
Si nos ocupamos del conteo de porotos, parece dislocado que un conjunto de ciudadanos inferior al 5 % del padrón (que no sufragará en su totalidad) pueda impactar sustancialmente en el veredicto colectivo. Un actuario ahí: ¿qué porcentaje de pibes debería apoyar al kirchnerismo para torcer el amperímetro?
Por añadidura, si algo es conspicuo es la rebeldía y versatilidad de jóvenes y adolescentes. Y cuán impredecibles son sus conductas presentes o futuras para los adultos.
Por cierto, el kirchnerismo no carece de afanes políticos, pero estos parecen ubicarse en otro cuadrante. Bien mirada, la movida trata de granjearse la simpatía de los nuevos titulares de derechos. Una jugada que está en el abecé del sistema democrático.
El primer peronismo lo consiguió con los trabajadores y las mujeres, el yrigoyenismo con los sectores medios. El kirchnerismo interpeló a minorías de género, a comunicadores sociales, a jubilados. Es una procura legítima, en tanto las conquistas ayuden a la cohesión social y a la promoción de grupos o sectores relegados.
En paralelo, se celebran las audiencias públicas que debaten la reforma a los Códigos Civil y Comercial. La comisión redactora del anteproyecto es prestigiosa e insospechada de seguidismo. Las audiencias pueden ser criticadas por la brevedad de los plazos concedidos a los oradores.
Pero hay contrapesos que minimizan el reproche: la vastedad de la concurrencia, el itinerar por toda la geografía nacional, la onda expansiva de la polémica que llega a medios, universidades, la blogósfera.
Son vivencias democráticas y participativas interesantes, mejorables por definición, también con pocos precedentes comparables. Progresos, en suma, no sin contraindicaciones o aspectos mejorables en el futuro.
A veces el kirchnerismo extrema reflejos facciosos. Puede caer en homologar la política al conflicto, un elemento esencial mas no excluyente. En democracia hay también instancias de cooperación. Es imperioso congregar, atraer a los no convencidos ni encuadrados, construir hegemonía, persuadir, sumar.
El oficialismo es más versátil de lo que pintan sus rivales: sabe variar de menú, cuando pinta. Hay momentos en que abre el juego, amplía la esfera de derechos, hace suyas propuestas de otros, relegadas a segundo plano por su falta de poder.
En esas circunstancias, una de las cuales hemos intentado sobrevolar, resultan chocantes las respuestas de muchos de sus adversarios. Intransigencia, cerrazón, lentitud de reflejos, denuncismo vacío, incapacidad de priorizar contenidos sobre anécdotas.
Advertir esas falencias, que se hacen grito con asiduidad, ayuda (en parte, claro) para delinear los límites y carencias del sistema político real existente.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Entusiasmo puesto en duda


Las autoras desmenuzan el impacto económico y social de las modificaciones genéticas patentadas por Monsanto.


Por Valeria Arza y Anabel Marin *

El Ministerio de Agricultura aprobó recientemente la liberación comercial de una nueva soja transgénica denominada “Intacta RR2 Pro”. El anuncio fue recibido con entusiasmo por diversos sectores políticos y económicos del país y nos preguntamos si esa reacción es justificada. Repasemos los hechos. En 1996 Argentina aprobó el primer cultivo transgénico, la “soja RR” tolerante al herbicida glifosato y lo hizo casi al mismo tiempo que la innovación apareciera por primera vez en Estados Unidos. La soja RR se difundió en un paquete tecnológico junto a un conjunto de insumos y prácticas, como el uso del glifosato, la siembra directa y la mecanización, lo cual potenció sus rendimientos aumentando sensiblemente tanto la productividad agropecuaria como el área destinada a este cultivo: la producción de soja en 2009-2010 representaba casi el 56 por ciento del total de la producción agrícola del país.
Existen discusiones en algunos ámbitos académicos y de movimientos sociales acerca de las consecuencias negativas de la difusión del paquete sobre el medio ambiente, la salud de quienes viven en zonas donde se fumiga con glifosato, el empleo y la pequeña producción agrícola, la concentración económica, la diversidad productiva y la seguridad alimentaria del país, entre otras, y cabe preguntarse cómo esta nueva variedad, más potente que la anterior, afectará todas estas dimensiones. Creemos que el diseño de la agenda pública en materia de política agropecuaria debe fomentar y contemplar un debate amplio acerca de las distintas maneras de practicar agricultura y cuál es la más adecuada para nuestra sociedad.
En este artículo, sin embargo, nos concentraremos en discutir los hechos que generan entusiasmo a la luz de lo acontecido con la soja RR para preguntarnos si pueden esperarse efectos similares con esta nueva variedad que llega 16 años más tarde que la primera innovación.
La soja RR se difundió muy ampliamente y con mayor velocidad que en otras latitudes, en parte debido a que el gen que le confiere la tolerancia al herbicida quedó en libre disponibilidad para ser usado por quien así lo deseara porque Monsanto, quien detenta internacionalmente la propiedad intelectual de dicho gen (y también del glifosato), no patentó la tecnología en el país en los plazos que establece la ley. Este hecho abarató sensiblemente el precio de la semilla, generando aumentos notables en la rentabilidad agrícola y en la recaudación impositiva asociada. Además, dinamizó la industria local de semillas impulsando el surgimiento de una gran variedad genética de semillas de soja, con diferentes características agronómicas, todas ellas ofreciendo la misma tolerancia al glifosato. Algunos ejemplos de este buen desempeño local son: Don Mario, Nidera, Bioceres, Buke, etc.
La situación cambió sustancialmente ahora. En esta oportunidad, la soja “Intacta RR2 Pro” llega a la Argentina luego de que Monsanto perdiera varias batallas, nacionales e internacionales, libradas contra el gobierno nacional desde el año 2004, cuando la empresa inició reclamos de regalías sobre la tecnología de soja RR –en ese momento casi el 100 por ciento de la superficie cultivada de soja era con soja transgénica–. Sin embargo, para el lanzamiento de la nueva tecnología, Monsanto consiguió imponer como condición no sólo el compromiso oficial de defender sus intereses frente al de los productores –CFK en un discurso público se comprometió a garantizar el respeto por las patentes, siendo que ahora sí Monsanto tiene la tecnología patentada en el país– sino también el compromiso establecido en acuerdos privados con la industria semillera por medio del cual, para acceder a la nueva tecnología, se le exigirá al productor agropecuario que renuncie a los derechos de guardar semillas para la próxima siembra que le confiere la Ley Nacional de Semillas. Es decir, existen garantías públicas y privadas para que la mayor rentabilidad asociada a la nueva tecnología no sea apropiada por el productor agropecuario de la misma forma que en el pasado y por tanto tampoco las arcas públicas se verán beneficiadas de la misma manera. Asimismo, también con esto limita la posibilidad de utilizar el gen en futuras mejoras genéticas que pueda realizar la industria semillera local en el cultivo. En suma, con semillas más caras y protegidas no cabría esperar las mismas virtudes económicas (rentabilidad del sector agropecuario, recaudación fiscal y derrames tecnológicos en la industria de semillas local) que se asocian a la difusión de la soja RR. Resta por ver entonces si el entusiasmo actual es justificado.

* Investigadoras de Conicet y Cenit.

¿Bendición o maldición?


El autor explica claramente cómo el beneficio que representa el alto precio de la soja y otros cultivos, tiene un costado negativo para la economía en su conjunto.

Por Andrés Asiain * (Publicado en Página 12 del 3 de septiembre)

Los precios internacionales de la soja, el trigo y el maíz no paran de subir y han superado incluso los máximos niveles que registraran en 2007-2008, aquellos que desataron el conflicto por las retenciones móviles. Muchos analistas económicos hacen propio el viejo dicho de “una buena cosecha y nos salvamos” y pronostican que la combinación de altos rindes y buenos precios que se espera para el año entrante permite despejar el panorama de la economía nacional. No es para menos, se calcula que las exportaciones del rubro podrían generar 5000 millones de dólares extra. Si bien una parte considerable del excedente del sector agropecuario se vuelca a la compra de dólares, las recientes restricciones en el mercado de cambio permiten esperar que las mayores exportaciones de granos y oleaginosas alivien la situación del sector externo y permitan financiar las importaciones de insumos y maquinarias necesarios para el despegue de la actividad económica.
Pero si en el plano externo los altos precios de los alimentos suenan a una bendición, en el plano interno pueden generar grandes inconvenientes. Un informe reciente de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche muestra que el incremento en el precio interno de los alimentos registrado entre 2006 y 2012, se explica en gran medida por el alza internacional de la cotizaciones de los granos y oleaginosas de exportación. La utilización del trigo y maíz como materia prima para la producción de fideos, harinas, polenta, engorde de pollos, entre otros, hace que parte de la inflación externa se traslade a la mesa de los argentinos.
Adicionalmente, el alza de la soja también afecta el precio de los alimentos pese a que pocos argentinos incluyan en su dieta a la oleaginosa. Es que el yuyo verde compite con las demás producciones por el uso de la tierra cultivable, incrementando los costos de los arriendos que se mueven al compás de su cotización internacional. El valor de la hectárea en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires se multiplicó por tres en los últimos 6 años, alcanzando los 10.000 dólares promedio para julio de 2012.
Otro efecto indirecto del auge sojero es el desplazamiento de los cultivos de verduras, hortalizas y frutas de la periferia de las ciudades, con el consiguiente encarecimiento de los costos de producción y transporte. El desarrollo de numerosos emprendimientos inmobiliarios de amplias extensiones destinados a sectores de altos ingresos ha sido alimentado por el excedente del agro, desplazando a los quinteros que tradicionalmente ocupaban ese espacio.
El alza del precio de los alimentos afecta especialmente a los sectores más humildes de la población. El gobierno nacional ha venido paliando esa situación a través del incremento de las jubilaciones, las asignaciones, los planes sociales y los sueldos de estatales. Todo ello implica gastos financieros que reducen el aporte real de recursos del sector agropecuario al Estado. Por otro lado, los mayores precios de los alimentos inducen pedidos de incrementos salariales que aumentan los costos laborales de las empresas y que son transferidos a precios por sus empresarios. Ello reduce la competitividad de la industria, especialmente la pequeña y mediana, y obliga a una serie de medidas administrativas de restricción de importaciones para evitar que sean desplazadas por la competencia externa. El sostenimiento de un proyecto de reindustrialización con inclusión social, descansa en gran medida en la posibilidad de lograr mantener un suministro de alimentos para el mercado interno a precios bajos. Ello requiere una fuerte intervención estatal en el sector agropecuario que se imponga a la lógica de avance de la soja que hoy determina el mercado mundial. El ejemplo de Brasil, tantas veces traído a cuento por los intelectuales de la derecha, puede ser útil en este caso. Pese a su creciente producción de oleaginosas, el país vecino logró sostener un espacio de pequeños agricultores familiares que hoy suministran cerca del 70 por ciento de los alimentos que consumen los brasileños. Su presidenta acaba de anunciar créditos cercanos a los 9000 millones de dólares para el desarrollo de ese sector.
En Argentina, aún sobreviven en los márgenes de la frontera agropecuaria un amplio sector de pequeños campesinos. Una fuerte política estatal de apoyo al desarrollo de ese sector podría ser una fuente de abastecimiento de alimentos para los sectores populares. De paso, se estimula la configuración de un nuevo actor social que pueda enfrentar el conservadurismo político que emana de las organizaciones que conforman la Mesa de Enlace.
* Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.