Entusiasmo puesto en duda

Las autoras desmenuzan el impacto económico y social de las modificaciones genéticas patentadas por Monsanto.

Por Valeria Arza y Anabel Marin *

El Ministerio de Agricultura aprobó recientemente la liberación comercial de una nueva soja transgénica denominada “Intacta RR2 Pro”. El anuncio fue recibido con entusiasmo por diversos sectores políticos y económicos del país y nos preguntamos si esa reacción es justificada. Repasemos los hechos. En 1996 Argentina aprobó el primer cultivo transgénico, la “soja RR” tolerante al herbicida glifosato y lo hizo casi al mismo tiempo que la innovación apareciera por primera vez en Estados Unidos. La soja RR se difundió en un paquete tecnológico junto a un conjunto de insumos y prácticas, como el uso del glifosato, la siembra directa y la mecanización, lo cual potenció sus rendimientos aumentando sensiblemente tanto la productividad agropecuaria como el área destinada a este cultivo: la producción de soja en 2009-2010 representaba casi el 56 por ciento del total de la producción agrícola del país.
Existen discusiones en algunos ámbitos académicos y de movimientos sociales acerca de las consecuencias negativas de la difusión del paquete sobre el medio ambiente, la salud de quienes viven en zonas donde se fumiga con glifosato, el empleo y la pequeña producción agrícola, la concentración económica, la diversidad productiva y la seguridad alimentaria del país, entre otras, y cabe preguntarse cómo esta nueva variedad, más potente que la anterior, afectará todas estas dimensiones. Creemos que el diseño de la agenda pública en materia de política agropecuaria debe fomentar y contemplar un debate amplio acerca de las distintas maneras de practicar agricultura y cuál es la más adecuada para nuestra sociedad.
En este artículo, sin embargo, nos concentraremos en discutir los hechos que generan entusiasmo a la luz de lo acontecido con la soja RR para preguntarnos si pueden esperarse efectos similares con esta nueva variedad que llega 16 años más tarde que la primera innovación.
La soja RR se difundió muy ampliamente y con mayor velocidad que en otras latitudes, en parte debido a que el gen que le confiere la tolerancia al herbicida quedó en libre disponibilidad para ser usado por quien así lo deseara porque Monsanto, quien detenta internacionalmente la propiedad intelectual de dicho gen (y también del glifosato), no patentó la tecnología en el país en los plazos que establece la ley. Este hecho abarató sensiblemente el precio de la semilla, generando aumentos notables en la rentabilidad agrícola y en la recaudación impositiva asociada. Además, dinamizó la industria local de semillas impulsando el surgimiento de una gran variedad genética de semillas de soja, con diferentes características agronómicas, todas ellas ofreciendo la misma tolerancia al glifosato. Algunos ejemplos de este buen desempeño local son: Don Mario, Nidera, Bioceres, Buke, etc.
La situación cambió sustancialmente ahora. En esta oportunidad, la soja “Intacta RR2 Pro” llega a la Argentina luego de que Monsanto perdiera varias batallas, nacionales e internacionales, libradas contra el gobierno nacional desde el año 2004, cuando la empresa inició reclamos de regalías sobre la tecnología de soja RR –en ese momento casi el 100 por ciento de la superficie cultivada de soja era con soja transgénica–. Sin embargo, para el lanzamiento de la nueva tecnología, Monsanto consiguió imponer como condición no sólo el compromiso oficial de defender sus intereses frente al de los productores –CFK en un discurso público se comprometió a garantizar el respeto por las patentes, siendo que ahora sí Monsanto tiene la tecnología patentada en el país– sino también el compromiso establecido en acuerdos privados con la industria semillera por medio del cual, para acceder a la nueva tecnología, se le exigirá al productor agropecuario que renuncie a los derechos de guardar semillas para la próxima siembra que le confiere la Ley Nacional de Semillas. Es decir, existen garantías públicas y privadas para que la mayor rentabilidad asociada a la nueva tecnología no sea apropiada por el productor agropecuario de la misma forma que en el pasado y por tanto tampoco las arcas públicas se verán beneficiadas de la misma manera. Asimismo, también con esto limita la posibilidad de utilizar el gen en futuras mejoras genéticas que pueda realizar la industria semillera local en el cultivo. En suma, con semillas más caras y protegidas no cabría esperar las mismas virtudes económicas (rentabilidad del sector agropecuario, recaudación fiscal y derrames tecnológicos en la industria de semillas local) que se asocian a la difusión de la soja RR. Resta por ver entonces si el entusiasmo actual es justificado.

* Investigadoras de Conicet y Cenit.