miércoles, 13 de febrero de 2013
Agresiones y descalificaciones
Ante el incremento de las agresiones y descalificaciones que propone la oposición, no perdamos de vista lo central: el apoyo a la gestión de Cristina que conduce inexorablemente a la profundización del proyecto nacional y popular. No caigamos en esas provocaciones pero tampoco en la ingenuidad de estar desatentos. Están dispuestos a todo: es la furia de la fiera herida que sabe que no puede escapar pero quiere, al menos, pegar algún zarpazo. Estamos transitando la lucha por el poder real, inédita en los últimos 60 años. No es momento de vacilaciones: sigamos avanzando, unidos, organizados, formados y movilizados. No hay consensos posibles entre dos proyectos antagónicos.
Frente Kumpas Capital
Traidores y golpistas
En todo proceso de cambio que pretende modificar estructuras que fueron dominantes y excluyentes en toda nuestra historia, modificar la relación de fuerzas y darle acceso al pueblo a las instancias del poder para decidir su propio destino, es posible la infiltración de sujetos que intenten traicionar las aspiraciones del pueblo. La historia nos demuestra que es difícil evitarlo en una primera instancia. Pero la dinámica del propio proceso los desnuda y su poder de daño se minimiza. Ahora bien, para llegar a esa calificación de traidor hay que ser muy cuidadosos. No es traidor quien puede disentir eventual y puntualmente, tener interpretaciones distintas en el análisis y la ejecución de determinadas situaciones, en la medida que no afecte lo central del proyecto. Al contrario, creo que hay que estimular el debate político e ideológico como fuente de crecimiento y enriquecimiento del proyecto. El traidor apunta al corazón del desarrollo político, contradice con hechos la dirección del movimiento popular y su conducción y debe ser indefectiblemente neutralizado. Digo esto porque a veces se exagera dentro de nuestras propias filas y se califica así a compañeros que no lo son, aunque existan diferencias. Corremos el riesgo de encontramos recorriendo el mismo camino y potenciando a los verdaderos golpistas que tienen, como una de sus tácticas, descalificar compañeros con operaciones con gran presencia mediática con la pretensión de resquebrajar nustro frente interno. Por eso, seamos cuidadosos, estemos muy atentos con los taidores de adentro y los golpistas de afuera!
Frente Kumpas Capital
sábado, 9 de febrero de 2013
Días de ira
Por Luis Bruschtein
Si pasan más de dos meses sin elecciones o sin movilizaciones se instala la sensación de que el planeta está contra el Gobierno. Este gobierno debe ser el que más rápido y más veces ha perdido votos y asistencias en un imaginario de microambiente y después los ha vuelto a recuperar. Ha ganado elecciones desde el 2003, ha movilizado cientos de miles de personas numerosas veces pero, a los dos meses de hacerlo, los diarios opositores, los columnistas de esos diarios o esos medios ya están hablando en nombre de todos. Como los medios se apropian de todos, los opositores rápidamente empiezan a hablar en nombre del pueblo cuando protestan y se apropian de esa figura. Se crea de esa manera un cuadro que, además de no ser real, tampoco conforma un aporte democrático. Habría así una totalidad que detesta a este gobierno, a todos sus integrantes y a todos sus simpatizantes. Hay un “todos” quienes detestan a esos otros “todos” que ni siquiera suman. Hay una pantomima en el esfuerzo por totalizar y hay una voz totalitaria en una parte de la oposición que se engolosina con ese caramelo amargo que conlleva una semilla de intolerancia.
Como sucede con las ideas totalitarias, tienen poco sustento en la realidad. Se cansan de decir que representan a todos, o al pueblo en masa, y después pierden las elecciones o buscan excusas para explicar las convocatorias con cientos de miles de personas que realiza el Gobierno. Esa parte de la oposición, pero sobre todo los medios opositores, disemina una doctrina totalitaria, un sentido común que relaciona el “todos” nada más que con el conjunto que integran los que tienen su misma forma de pensar y no con el verdadero conjunto integrado por todos. Es una idea totalitaria que descarta a los otros cuando son mayoría.
Nadie representa a todos. El kirchnerismo tampoco. En todo caso, puede representar a una mayoría y a veces a una primera minoría. Pero en democracia, con eso se ganan elecciones y se gobierna. La imposibilidad –por ceguera o por conveniencia– de ese discurso totalitario granmediático de aceptar a esa mayoría que no piensa como ellos creen que debería hacerlo segrega un sustrato de violencia sobre el cual se apoyan todos sus argumentos.
El discurso de acusar de violento al kirchnerismo aparece también como un acto de prestidigitación. No ha habido ningún caso de periodista opositor o crítico agredido por hordas kirchneristas o efectivos policiales. No ha habido ni uno solo. Pero Joaquín Morales Solá fue al Congreso a denunciar que peligraba su vida y otros reconocidos periodistas lo acompañaron para hacer denuncias similares. Y las cosas han sido al revés: hubo periodistas golpeados por hordas, pero de caceroleros antikirchneristas y no una, sino varias veces. Por su parte, el Gobierno impulsó la erradicación de la figura del desacato por la cual eran juzgados muchos periodistas que criticaban a los gobiernos. Pero, insólitamente, el que sí persiguió judicialmente a periodistas fue el Grupo Clarín, que es el principal emisor de ese discurso cargado de violencia y para el que trabajan muchos de esos periodistas que estuvieron en el Congreso.
Los turistas que patotearon a la familia Kicillof cuando volvían de Punta del Este actuaron de la misma forma que muchos caceroleros, el mismo modus operandi que una banda de linchadores. Los linchadores están convencidos de que los justifica un fin justiciero o republicano. Los que lincharon negros o masacraron indios pensaban que defendían la pureza de la República. Y se sienten más justificados si además están convencidos de que lo hacen en nombre de todos.
La patoteada de ese grupo de turistas de alta gama generó una polémica sobre la violencia. Se está hablando de una violencia concreta, no genérica, y que ha sido antikirchnerista, como la de esos turistas o la de Miguel Del Sel con sus insultos. Y resulta que el análisis que hacen los grandes medios y algunos opositores concluye que los kirchneristas tienen la culpa por la violencia contra ellos. Se supone que un discurso violento del kirchnerismo tendría que ocasionar violencia contra los antikirchneristas. Pero el kirchnerismo sería tan estúpido que su discurso violento genera violencia contra sí mismo.
No ha habido hechos de violencia protagonizados por el kirchnerismo, pero se lo responsabiliza por una supuesta violencia verbal o metafórica. El argumento es que la soberbia del Gobierno genera violencia. O que el Gobierno no respeta a las minorías y no abre el diálogo.
Pero si se compara el gobierno nacional con el de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en cuatro años Mauricio Macri ha vetado más de cien leyes aprobadas por la Legislatura donde están representadas las minorías y ha actuado y se ha expresado en forma más represiva con las minorías que manifiestan en las calles. Si el gobierno nacional es soberbio o no respeta a las minorías, el gobierno porteño le saca varios cuerpos en esa performance y sin embargo no hay una relación directa con la violencia que despierta, no hay una violencia antimacrista.
En principio, parece una autojustificación buscar las causas de la violencia del antikirchnerismo en el propio kirchnerismo y lo más lógico sería hacerlo entre los que la promueven y la practican, en la falta de tolerancia de esas personas, en la poca calidad democrática que demuestran sus acciones. Si los violentos fueran kirchneristas, el problema sería del oficialismo, en contrapartida es un problema del antikirchnerismo que en sus movilizaciones haya mucha gente que se expresa con tanta violencia. La única forma de reclamar respeto es respetando, cosa que no sucede con los que patotearon a la familia Kicillof, con las expresiones de Miguel Del Sel ni con muchos de los que salen a cacerolear. El problema de la violencia está ahí y una actitud responsable de la oposición tendría que ir más allá del oportunismo de achacarle sus propias fallas al kirchnerismo.
Cuando se habla de violencia se confunden a propósito muchas cosas que no son iguales. No es lo mismo León Gieco que Miguel Del Sel. No es lo mismo decir que Macri no tiene propuestas que decirle “conchuda hija de puta” a la Presidenta. Y no es lo mismo la patoteada a la familia Kicillof que los “escraches” que hacían los HIJOS a represores de la dictadura. Las diferencias no son ni siquiera sutiles. Y si bien es censurable que a Nelson Castro no lo hayan querido atender en una confitería, ese agravio es minúsculo comparado con la cobardía de los turistas caceroleros de Punta del Este.
No deja de sorprender que, hace diez años, las movilizaciones del PJ generaban inquietud por los desbordes y desprolijidades. Ahora los que despiertan inquietud por posibles desbordes violentos y actitudes grotescas son esos sectores de las capas medias antiperonistas cuando salen a cacerolear.
Pero los artilugios mediáticos lo instalan al revés, como si la violencia física antikirchnerista tuviera su causa en una violencia kirchnerista metafórica o verbal. Pese a que ni siquiera se puede decir que desde el punto de vista físico haya violencia de ambos lados, sino solamente del antikirchnerismo, lo que se instala en un sector de la sociedad es todo lo contrario. En vez de condenar esos hechos de violencia, estos mismos artilugios les otorgan un carácter justiciero en representación de la sociedad. O sea: si Del Sel putea a la Presidenta, al hacerlo, lo hace en representación de todos. Si un grupito de turistas de Punta del Este patotea a la familia de un funcionario, se les otorga una representación del pueblo. Así, dos situaciones violentas, grotescas, de bajísima calidad ciudadana, son presentadas como emergentes de un supuesto malestar general. Y rápidamente empiezan a circular encuestas que dan por descontado que Cristina Kirchner perdería cualquier elección, lo que se parece más a una expresión de deseos.
El oficialismo tiene muchos flancos para ser criticado por derecha y por izquierda. Pero en los últimos tiempos, el tema de la violencia política, los desbordes y el resentimiento constituyen un problema de la oposición. Y sería un error generalizar esas actitudes más allá del grupo social que las protagoniza y que siempre fue muy antikirchnerista.
Si pasan más de dos meses sin elecciones o sin movilizaciones se instala la sensación de que el planeta está contra el Gobierno. Este gobierno debe ser el que más rápido y más veces ha perdido votos y asistencias en un imaginario de microambiente y después los ha vuelto a recuperar. Ha ganado elecciones desde el 2003, ha movilizado cientos de miles de personas numerosas veces pero, a los dos meses de hacerlo, los diarios opositores, los columnistas de esos diarios o esos medios ya están hablando en nombre de todos. Como los medios se apropian de todos, los opositores rápidamente empiezan a hablar en nombre del pueblo cuando protestan y se apropian de esa figura. Se crea de esa manera un cuadro que, además de no ser real, tampoco conforma un aporte democrático. Habría así una totalidad que detesta a este gobierno, a todos sus integrantes y a todos sus simpatizantes. Hay un “todos” quienes detestan a esos otros “todos” que ni siquiera suman. Hay una pantomima en el esfuerzo por totalizar y hay una voz totalitaria en una parte de la oposición que se engolosina con ese caramelo amargo que conlleva una semilla de intolerancia.
Como sucede con las ideas totalitarias, tienen poco sustento en la realidad. Se cansan de decir que representan a todos, o al pueblo en masa, y después pierden las elecciones o buscan excusas para explicar las convocatorias con cientos de miles de personas que realiza el Gobierno. Esa parte de la oposición, pero sobre todo los medios opositores, disemina una doctrina totalitaria, un sentido común que relaciona el “todos” nada más que con el conjunto que integran los que tienen su misma forma de pensar y no con el verdadero conjunto integrado por todos. Es una idea totalitaria que descarta a los otros cuando son mayoría.
Nadie representa a todos. El kirchnerismo tampoco. En todo caso, puede representar a una mayoría y a veces a una primera minoría. Pero en democracia, con eso se ganan elecciones y se gobierna. La imposibilidad –por ceguera o por conveniencia– de ese discurso totalitario granmediático de aceptar a esa mayoría que no piensa como ellos creen que debería hacerlo segrega un sustrato de violencia sobre el cual se apoyan todos sus argumentos.
El discurso de acusar de violento al kirchnerismo aparece también como un acto de prestidigitación. No ha habido ningún caso de periodista opositor o crítico agredido por hordas kirchneristas o efectivos policiales. No ha habido ni uno solo. Pero Joaquín Morales Solá fue al Congreso a denunciar que peligraba su vida y otros reconocidos periodistas lo acompañaron para hacer denuncias similares. Y las cosas han sido al revés: hubo periodistas golpeados por hordas, pero de caceroleros antikirchneristas y no una, sino varias veces. Por su parte, el Gobierno impulsó la erradicación de la figura del desacato por la cual eran juzgados muchos periodistas que criticaban a los gobiernos. Pero, insólitamente, el que sí persiguió judicialmente a periodistas fue el Grupo Clarín, que es el principal emisor de ese discurso cargado de violencia y para el que trabajan muchos de esos periodistas que estuvieron en el Congreso.
Los turistas que patotearon a la familia Kicillof cuando volvían de Punta del Este actuaron de la misma forma que muchos caceroleros, el mismo modus operandi que una banda de linchadores. Los linchadores están convencidos de que los justifica un fin justiciero o republicano. Los que lincharon negros o masacraron indios pensaban que defendían la pureza de la República. Y se sienten más justificados si además están convencidos de que lo hacen en nombre de todos.
La patoteada de ese grupo de turistas de alta gama generó una polémica sobre la violencia. Se está hablando de una violencia concreta, no genérica, y que ha sido antikirchnerista, como la de esos turistas o la de Miguel Del Sel con sus insultos. Y resulta que el análisis que hacen los grandes medios y algunos opositores concluye que los kirchneristas tienen la culpa por la violencia contra ellos. Se supone que un discurso violento del kirchnerismo tendría que ocasionar violencia contra los antikirchneristas. Pero el kirchnerismo sería tan estúpido que su discurso violento genera violencia contra sí mismo.
No ha habido hechos de violencia protagonizados por el kirchnerismo, pero se lo responsabiliza por una supuesta violencia verbal o metafórica. El argumento es que la soberbia del Gobierno genera violencia. O que el Gobierno no respeta a las minorías y no abre el diálogo.
Pero si se compara el gobierno nacional con el de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en cuatro años Mauricio Macri ha vetado más de cien leyes aprobadas por la Legislatura donde están representadas las minorías y ha actuado y se ha expresado en forma más represiva con las minorías que manifiestan en las calles. Si el gobierno nacional es soberbio o no respeta a las minorías, el gobierno porteño le saca varios cuerpos en esa performance y sin embargo no hay una relación directa con la violencia que despierta, no hay una violencia antimacrista.
En principio, parece una autojustificación buscar las causas de la violencia del antikirchnerismo en el propio kirchnerismo y lo más lógico sería hacerlo entre los que la promueven y la practican, en la falta de tolerancia de esas personas, en la poca calidad democrática que demuestran sus acciones. Si los violentos fueran kirchneristas, el problema sería del oficialismo, en contrapartida es un problema del antikirchnerismo que en sus movilizaciones haya mucha gente que se expresa con tanta violencia. La única forma de reclamar respeto es respetando, cosa que no sucede con los que patotearon a la familia Kicillof, con las expresiones de Miguel Del Sel ni con muchos de los que salen a cacerolear. El problema de la violencia está ahí y una actitud responsable de la oposición tendría que ir más allá del oportunismo de achacarle sus propias fallas al kirchnerismo.
Cuando se habla de violencia se confunden a propósito muchas cosas que no son iguales. No es lo mismo León Gieco que Miguel Del Sel. No es lo mismo decir que Macri no tiene propuestas que decirle “conchuda hija de puta” a la Presidenta. Y no es lo mismo la patoteada a la familia Kicillof que los “escraches” que hacían los HIJOS a represores de la dictadura. Las diferencias no son ni siquiera sutiles. Y si bien es censurable que a Nelson Castro no lo hayan querido atender en una confitería, ese agravio es minúsculo comparado con la cobardía de los turistas caceroleros de Punta del Este.
No deja de sorprender que, hace diez años, las movilizaciones del PJ generaban inquietud por los desbordes y desprolijidades. Ahora los que despiertan inquietud por posibles desbordes violentos y actitudes grotescas son esos sectores de las capas medias antiperonistas cuando salen a cacerolear.
Pero los artilugios mediáticos lo instalan al revés, como si la violencia física antikirchnerista tuviera su causa en una violencia kirchnerista metafórica o verbal. Pese a que ni siquiera se puede decir que desde el punto de vista físico haya violencia de ambos lados, sino solamente del antikirchnerismo, lo que se instala en un sector de la sociedad es todo lo contrario. En vez de condenar esos hechos de violencia, estos mismos artilugios les otorgan un carácter justiciero en representación de la sociedad. O sea: si Del Sel putea a la Presidenta, al hacerlo, lo hace en representación de todos. Si un grupito de turistas de Punta del Este patotea a la familia de un funcionario, se les otorga una representación del pueblo. Así, dos situaciones violentas, grotescas, de bajísima calidad ciudadana, son presentadas como emergentes de un supuesto malestar general. Y rápidamente empiezan a circular encuestas que dan por descontado que Cristina Kirchner perdería cualquier elección, lo que se parece más a una expresión de deseos.
El oficialismo tiene muchos flancos para ser criticado por derecha y por izquierda. Pero en los últimos tiempos, el tema de la violencia política, los desbordes y el resentimiento constituyen un problema de la oposición. Y sería un error generalizar esas actitudes más allá del grupo social que las protagoniza y que siempre fue muy antikirchnerista.
viernes, 8 de febrero de 2013
La inflación y el cepo al dólar
Hay
inflación? Tiene relación con los controles sobre la venta de
divisas?
En
los medios sobran las opiniones más o menos autorizadas
(¿interesadas?) que cuestionan la inflación como producto de la
“emisión incontrolada” y del “excesivo gasto público”.
Paralelamente,
hay sectores que especulan con el dólar paralelo o blue
para
forzar a que el gobierno modifique su política cambiaria y permita
que la cotización oficial se acerque a la ilegal.
¿Por qué hay que administrar los dólares en poder del
Banco Central? Básicamente por tres motivos, dos de índole
claramente económica y uno de orden político.
Por un lado, hay que tener la disponibilidad de las
divisas necesarias para afrontar compromisos de deuda. Una vez que se
logró el canje y la correspondiente quita, la misma corriente
política que logró poner en caja una deuda ilegítima, contraída
por la dictadura del Proceso y profundizada durante el gobierno de
Menem y su famoso 1 a 1, no puede darse el lujo de un nuevo default.
Hay que cumplir los compromisos.
Por
otro lado, es necesario contar con divisas para costear las
importaciones, independientemente de las coyunturas en cuanto a su
disponibilidad: en qué momentos se producen las exportaciones, y la
correspondiente liquidación de divisas por parte de los
exportadores. La balanza comercial global durante 2012 fue
superavitaria
(http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-212500-2013-01-24.html)
pero la crisis internacional puede provocar que durante 2013 los
montos exportados disminuyan, ya sea por volumen o por precio.
Por último, el nivel de reservas tiene un impacto en
las expectativas, tanto externas como internas: para mantener algún
grado de confianza en los acreedores externos como en las
expectativas de inversión de los operadores internos.
Mucho
se dijo también acerca del estricto control que ejerció el gobierno
sobre las importaciones. Probablemente, en algunos contados rubros
debe haber habido faltantes momentáneos, pero en conjunto, si se
examinan las importaciones correspondientes a las cincuenta
posiciones arancelarias (grupos de productos o servicios) más
importantes
(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6581-2013-02-07.html)
se puede ver que predominan (en millones de dólares)
- Combustibles y energía: 7582
- Partes para automotores: 4146
- Automóviles completos: 4016
- Partes, mat. primas e insumos para la industria: 2813
- Partes para celulares: 1438
- Insumos y químico para el agro: 913
- Camiones: 868
- Aviones: 667
- Medicamentos: 581
- Tractores: 325
Como se ve, lo único que puede calificarse como
suntuario, son los 4016 millones en autos terminados; pero esta
erogación es vital en la relación con nuestro principal socio del
Mercosur. Es de creer que solamente una fracción pequeña es
extrazona.
Todos los demás rubros son imprescindibles para
mantener la matriz energética, o la operatividad de la industria.
Por eso el extremo celo en mantener el stock de
reservas. Por lo que hubo que cerrar la sangría de la libre compra
de divisas para atesoramiento, que además de restar capacidad al
Banco Central para solventar necesidades fundamentales, resulta en
una salida neta de recursos: todo peso invertido en dólares es una
fuga de capital, es riqueza que que no se gasta o invierte en el
país.
Desde luego, hay una alternativa: tomar deuda. Pero una
gran parte de esa deuda sería apropiada privadamente, a través del
atesoramiento directo, o de las utilidades (nuevamente atesoradas)
que se generan al volcarse esos fondos al circuito productivo,
comercial y sobre todo financiero. Pero el peso del pago, como bien
sabemos, recae en toda la sociedad.
Para los economistas neoliberales la inflación es
producto, primordialmente, de una emisión monetaria que no guarda
relación con las reservas y/o bien de su causa (según ellos mismos)
más directa: el gasto estatal.
Hay un hecho cierto: ante una mayor capacidad
adquisitiva de la población, en la puja intersectorial por
apropiarse de ese nuevo excedente, cada actor sube sus precios (o
táctica equivalente, la cuestión es maximizar ingreso y utilidad
simultáneamente).
Además, la puja se da sobre todo en lo que desde la
economía clásica se llaman los “bienes salario”, aquellos
productos que consume la mayoría de la población.
Estamos hablando de capitales concentrados, tanto en una
parte de la producción y comercialización primaria, como en la
industrialización y luego en la comercialización minorista. Y la
“canasta” de bienes salario está formada principalmente por
alimentos y bebidas, con algún componente de indumentaria,
equipamiento hogareño, esparcimiento, etc. Pero con un gran énfasis
en el primero.
En la medida en que desde el estado se incrementa la
asistencia a los más marginados y desde las políticas de empleo y
estímulo a la producción industrial aumenta la ocupación, hay un
incremento de la demanda. Y con fuerte énfasis en los “bienes
salario” mencionados antes.
Hay también un incremento secundario de la demanda,
orientado hacia bienes más suntuarios o durables: autos, alimentos,
bebidas, indumentaria o esparcimiento más exclusivos, apoyado en una
gama de pequeños o medianos comerciantes e industriales,
profesionales, y toda la gama de prestadores de servicios que se
suman a la competencia por la apropiación del excedente social. En
general, estos actores están enrolados en lo que vagamente llamamos
“clase media”.
Por la concentración de la comercialización minorista,
los productos que conforman la compra de estos sectores medios
también están bajo la férula de las grandes cadenas.
Es decir que una importante franja de población está
sujeta a comprobar el fenómeno inflacionario. No vamos a discutir
aquí quién más y quien menos, porque de todos modos las “canastas”
que usó o usa el INDEC son necesariamente inexactas: en un mundo con
una enorme diversificación del consumo, con un bombardeo
propagandístico inusitado, los patrones de consumo pierden fronteras
respecto de estratos sociales.
De lo que no cabe duda es que la inflación (cualquiera
sea su “indice”) no obedece a las “causas neoliberales”; es
producto del aumento del empleo y de la inclusión.
¿Qué relación hay entre el cepo cambiario y la
escalada de precios?
Nosotros encontramos una: una parte importante de los
grupos concentrados que hacen su negocio alrededor de los bienes
salario tienen importante participación de capital trasnacional. O
bien, sencillamente, están acostumbrados desde hace años a fugar
utilidades, bajo un estricto esquema de dolarización aunque sea
nominal de sus contabilidades.
Las dificultades que impuso el gobierno para la remisión
de utilidades (otro de los segmentos importantes del mercado
cambiario) justamente para defender reservas, hace que junto con la
pelea por la participación en el mercado vía precios (ya que las
cantidades que vende cada quien son más o menos inelásticas en el
mediano plazo) se busque poder convertir tales utilidades en divisas
sin mayor inconveniente ni obligaciones.
Para eso, se requiere torcerle el brazo al gobierno,
hacer que “admita” que el tipo de cambio oficial no representa la
productividad de la Argentina en relación con los otros países (1)
y que es necesario adecuarlo a “las expectativas”... de los
mismos interesados o sus intelectuales orgánicos.
El cepo, tanto en su versión de limitación a la compra
irrestricta de divisas por particulares sin explicar el motivo y con
prescindencia de su situación fiscal, como en su aspecto de
“restricción a la libertad” es un gran aliciente para que el
dólar ilegal alcance casi cualquier precio. Es arbitrario, solamente
depende de unos pocos vendedores y compradores.
Ya se ven recomendaciones relativas a demorar las ventas
de la cosecha, para intentar esperar la gran devaluación. También,
claro, editoriales serios cuestionando la presión impositiva y
recomendando achicar el gasto.
Todo esto está íntimamente relacionado. No es fácil
divulgarlo.
Frente Kumpas Capital
- Una de las interpretaciones menos liberales del tipo de cambio, es en tanto medida de la productividad. ¿Tenés mucha? Tu moneda se cotiza bien. ¿No? No se cotiza tanto. Ahora, ¿contra qué país/es? Si mi país comercia con potencias algo atrasadas y muy adelantadas... ¿cuál es la media que debe tomar?
martes, 5 de febrero de 2013
La especulación al día
La tensión cambiaria es fogoneada por operadores,
economistas y ex funcionarios. Aseguran que el Gobierno terminará
estableciendo un sistema de tipos de cambio múltiples, lo cual sería
abandonar el proyecto de desdolarizar la economía y exponerse a una
crisis.
Por Cristian Carrillo
La
escalada en el precio del dólar blue, que esta semana llegó a zanjar una
diferencia de 60 por ciento respecto de la cotización oficial, crea el
terreno propicio para que se escuchen los alertas de un desdoblamiento
cambiario. Economistas y analistas del establishment repiten en sus
diagnósticos que el desenlace de la actual corrida cambiaria será la
aplicación de esa medida. Sin embargo, la experiencia muestra que este
tipo de políticas siempre tuvo resultados negativos.
Ex funcionarios, analistas de mercado, economistas, columnistas. El
supuesto de un inminente desdoblamiento llega desde distintas voces. Los
bancos de inversión incluso le pusieron fecha, lo que fue retomado por
algún ex ministro. Estiman que después de las elecciones legislativas el
Gobierno “deberá modificar su política cambiaria, en función del estado
de la economía a fines de este año”, por lo cual “aumentan las chances
de que se institucionalice el blue”. Esta interpretación de
desdoblamiento cambiario confunde la aplicación de cotizaciones
diferenciadas según sean sectores comercial, financiero o turístico, por
ejemplo, con un blanqueo del blue, lo que implicaría que el Gobierno
daría marcha atrás con las medidas para reducir la demanda, además de
normalizar un mercado ilegal.El desdoblamiento plantea en teoría un precio diferencial para la actividad comercial y financiera. El primero mantiene la protección a la industrial local y captura la renta extraordinaria por exportaciones a altos precios en pesos. El financiero permite frenar la especulación contra la moneda al encarecer la salida de divisas. Este esquema que rigió durante los ochenta, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, conocido como Plan Primavera, arrojó un resultado que fue el opuesto al que se pretendía entonces. El desdoblamiento de Alfonsín impuso un dólar caro para frenar la fuga y uno más barato para evitar que el impacto de una eventual devaluación se sintiera, vía importaciones, en productos de consumo básico o uso doméstico. Por el contrario, el esquema dio lugar a un mercado cambiario paralelo.
Los voceros del establishment, quienes alertan sobre un desdoblamiento, en realidad apelan a este mal recuerdo para generar pánico. Estas especulaciones, además, estimulan la corrida contra el peso. Si se formaliza un mercado financiero de libre acceso a la compra de moneda extranjera, la demanda –contenida con los actuales controles oficiales a la compra de divisas– debería hacer subir todavía más el precio del dólar, al menos en el corto plazo. Esto mantiene la especulación sobre el blue, que se suma a la de la compra de turistas rechazados por el sistema de validación. El “inevitable desenlace” busca además darle legitimidad a un mercado ilícito, que siempre sirvió como reducto para el blanqueo de capitales con orígenes en escaso o nulo nivel de transparencia.
La brecha que se abre entre la cotización oficial y el paralelo la crean estos grupos concentrados. Cuanto más amplia sea la brecha, más difícil será retrotraer el precio del blue. Esto conlleva un negocio sencillo –no por eso menos efectivo– para especuladores: conseguir divisas a través de alguna fisura del segmento formal para volcarlos en el paralelo. En el sector real, los exportadores retrasarán sus ventas y los importadores comprarán más, gracias a un tipo de cambio subsidiado, lo que podría deteriorar también la balanza comercial. Por este motivo, la aplicación de un sistema de tipos de cambio diferencial requiere de mucha precisión de parte del Gobierno para evitar efectos adversos. La ventaja de instrumentar un desdoblamiento cambiario, que podría contrarrestar estas especulaciones, se halla en la posibilidad que tendría el Banco Central de intervenir en los dos mercados y ganar con el arbitraje de la compra y venta.
ccarrillo@pagina12.com.ar
La diferencia entre el dólar oficial y el blue llegó esta semana al 60 por ciento.
Top 50
Por Javier Lewkowicz
El
producto que la economía argentina más adquirió desde el exterior el año
pasado fueron los vehículos con motor de entre 1500 y 3 mil centímetros
cúbicos de cilindrada. En el séptimo lugar quedaron los autos con
cilindrada mayor a mil pero menor a 1500 centímetros cúbicos. En total,
los autos importados de ambas características mencionadas requirieron
más de 4 mil millones de dólares entre enero y octubre, últimos datos
disponibles a nivel desagregado. El segundo puesto fue para la
importación de gasoil, y el podio lo completa el gas natural licuado.
Las compras del sector energético también se llevaron el quinto y sexto
lugar, en manos del gas natural en estado gaseoso y el fuel oil. En
total, esas importaciones sumaron 6762 millones de dólares hasta
octubre. En los primeros diez lugares del ranking también figuran
circuitos impresos para celulares que se ensamblan en Tierra del Fuego,
partes para la cabina de los autos, aviones de gran porte y camiones.
Cash presenta el detalle, a nivel de producto, de las importaciones
argentinas.
Si bien el año pasado estuvo marcado por el sesgo defensivo de la
política comercial, un análisis más detallado de las importaciones
permite comprender qué capacidad de freno tiene la política comercial
sin afectar a la actividad productiva y el grado de impacto que sobre
las compras externas supondría encarar una agresiva estrategia de
sustitución de importaciones. Algunos de los productos más importados
podrían ofrecer mayores posibilidades para esa sustitución, dada la
escala de la demanda local. Los cincuenta primeros productos importados,
analizados por posición arancelaria con una apertura de ocho dígitos,
sumaron 24.501 millones de dólares entre enero y octubre. Eso representa
el 43 por ciento de las importaciones totales en el período, 57.221
millones de dólares, lo que refleja una relativa concentración de las
compras, si se tiene en cuenta que se adquirieron mercancías a través de
7800 posiciones arancelarias, bajo el mismo nivel de desagregación. El
sector automotor, energía, electrónica, bienes de capital en general y
productos químicos para el agro explican una gran parte de esas
cincuenta posiciones arancelarias más importadas.La factura energética
En el puesto 2, 3, 5 y 6 del ranking de productos más importados están los combustibles: gasoil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso y fuel oil, respectivamente. La comparación de los datos con los de 2009, un año de flojo desempeño económico por el impacto de la crisis, da una idea del monto que en divisas representa la factura energética. Las compras de gasoil fueron en los diez primeros meses del año pasado de 2572 millones de dólares, más del doble que los 1038 millones de 2009. Un impactante salto mostraron las adquisiciones de gas natural licuado, de 251 a 2381 millones de dólares. El gas natural en estado gaseoso subió de 158 a 912 millones y fuel oil, de 311 a 896 millones de dólares. El descalabro de Repsol y las demás petroleras, bajo un débil esquema de regulación por parte del Estado, queda en evidencia con esos datos. También se importó energía eléctrica por 287 millones de dólares, y 333 millones para abastecer a buques y aeronaves. En total, la factura energética ascendió a 7383 millones de dólares.Si se comparan los datos energéticos de diez meses de 2012 con los valores de todo 2011, la factura total cayó 12,4 por ciento, bastante por debajo de la reducción general de importaciones, del 22 por ciento. Sin embargo, el comportamiento para cada producto es dispar. La compra de gasoil, combustibles para buques y aviones y energía eléctrica cayó fuertemente. La adquisición de fuel oil lo hizo en menor medida, mientras que la de gas natural licuado y en estado gaseoso creció fuertemente.
El costo de la baja integración
El sector automotor es fuertemente deficitario a raíz de la baja utilización de partes y piezas nacionales por parte de las terminales instaladas en el país. Si se mide por producto, el mayor volumen importado se observa en vehículos terminados, donde los autos con motor de mil a 3 mil centímetros cúbicos de cilindrada sumaron más de 4120 millones de dólares en diez meses de 2012. Son en gran parte unidades que las multinacionales radicadas en el país adquieren de otras filiales que poseen en el mundo, particularmente desde Brasil. Cabe resaltar que el intercambio comercial de autos con el país vecino se encuentra regulado, de modo que el desbalance es limitado, gracias a las exportaciones de unidades, que también suman un valor importante. La compra de camiones sumó 868 millones y la de motos, 343 millones de dólares.Desde el lado de los insumos para ensamblar los autos, entre los primeros lugares del ranking aparecen partes de la cabina, como accesorios, dispositivos de conexión eléctricos y resistencias, capó de aluminio y techo solar corredizo, por 789 millones de dólares. Se importaron cajas de cambio por 704 millones de dólares, y 654 millones de dólares en chasis, subchasis, pedales de acelerador, uniones flexibles para absorber vibración y dilatación de caños de escape y buje hidráulico. Los motores entre mil y 2500 centímetros cúbicos de cilindrada suman 608 millones, los ejes, 232 millones; frenos y sus partes, 211 millones; neumáticos, 334 millones, amortiguadores, 145 millones; ruedas, 132 millones; dirección hidráulica, 85 millones, y otras partes del motor, 84 millones. Son casi 4 mil millones de dólares entre enero y octubre, sólo en los productos con mayor volumen adquirido.
La producción de autos en diez meses de 2012 respecto de los valores de todo 2011 cayó un 25 por ciento. Sin embargo, la baja de partes y piezas fue menor, con algunas excepciones. Chasis y subchasis cayó 15 por ciento, seguido por cajas de cambio (16), partes de la cabina (17), frenos y sus partes (17), motores (23) y ejes, que cayó un 32 por ciento. En líneas generales, se observa una caída en la participación de la industria nacional, al bajar las importaciones menos que la producción.
Electrónicos, de afuera
Otro segmento de gran relevancia en el total de las importaciones son los artículos electrónicos. El cuarto lugar en la serie 2012 fue para los circuitos impresos que se utilizan en los celulares, con 920 millones de dólares. A pesar de la caída general de las importaciones, el grado de consumismo alrededor de los teléfonos, amplificado por las promociones y el recambio tecnológico, hizo que esas compras crecieran un 22 por ciento anual. También aparece en los primeros puestos la importación de partes de televisores, monitores y cámaras de fotos, otras partes de celulares y piezas de aires acondicionados, circuitos electrónicos integrados, unidades de memoria, lectores magnéticos u ópticos, dispositivos de cristal líquido (LCD) y láseres y routers. Estos artículos electrónicos que están en los primeros puestos suman 2600 millones de dólares. Son las fábricas ensambladoras de Tierra del Fuego las que los utilizan.El agro vende, pero también compra
El sector agrícola es el principal generador de divisas, aunque también es demandante de maquinaria e insumos importados. De enero a octubre del año pasado se importaron tractores por 443 millones de dólares, también motores y partes de esas máquinas. En concepto de fertilizantes, como el glifosato, herbicidas, insecticidas y fungicidas, se gastaron 1120 millones de dólares. Son valores muy altos para un sector en el cual Argentina tiene probadas ventajas comparativas, que podrían soportar en el corto plazo un sobrecosto en el marco de una estrategia de sustitución.Química, siderurgia y farmacia
En el plano de los insumos industriales, se destacó la importación de mineral de hierro por 635 millones de dólares para la industria siderúrgica, mientras que la compra de carbón llegó a 266 millones. En el sector químico, entre polietileno, productos para elevar el octanaje de la nafta sin plomo, pigmentos para uso como colorantes, resinas, productos de limpieza, polímeros de propileno y productos para uso cerámico, las compras llegaron a 1194 millones de dólares. En tanto, medicamentos varios, sueros con anticuerpos, remedios contra el cáncer y de farmacia en general, escalaron a casi mil millones de dólares.Bienes de capital
La inversión privada está fuertemente atada a la importación de bienes de capital. En 2012, sobresalieron las compras de aviones de peso en vacío superior a 15 mil kilogramos, por 666 millones de dólares, cables para bujías de encendido (190 millones), turborreactores y turbopropulsores (178 millones), equipos de enfriamiento comercial y enfriadores de líquidos (150 millones), paneles y consolas eléctricas (124 millones), llaves hidráulicas y máquinas de soplado (121 millones), bielas e inyectoras (115 millones), motores diesel o semidiesel (112 millones), estaciones base de telefonía celular (104 millones), aparatos de corte o conexión de circuitos eléctricos (96 millones) y tornillos y pernos, por 90 millones de dólares, entre otros.
Imagen: EFE
Importaciones
Radiografía
-Energía, el sector automotor, electrónica, bienes de capital en general y productos químicos para el agro explican una gran parte de las cien posiciones arancelarias más importadas entre enero y octubre de 2012.
-En los puestos 2, 3, 5 y 6 del ranking de productos más importados aparecen los combustibles: gasoil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso y fuel oil, respectivamente. En total, la factura energética ascendió a 7383 millones de dólares.
-El sector automotor es fuertemente deficitario a raíz de la baja utilización de partes y piezas nacionales por parte de las terminales. Las importaciones de autopartes fueron de casi 4 mil millones de dólares entre enero y octubre, sólo en los productos con mayor volumen adquirido.
-El cuarto lugar en la serie 2012 fue para los circuitos impresos que se utilizan en los celulares, con 920 millones de dólares. Otros insumos electrónicos que utilizan las industrias de Tierra del Fuego motivaron importaciones por 2600 millones de dólares.
-Energía, el sector automotor, electrónica, bienes de capital en general y productos químicos para el agro explican una gran parte de las cien posiciones arancelarias más importadas entre enero y octubre de 2012.
-En los puestos 2, 3, 5 y 6 del ranking de productos más importados aparecen los combustibles: gasoil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso y fuel oil, respectivamente. En total, la factura energética ascendió a 7383 millones de dólares.
-El sector automotor es fuertemente deficitario a raíz de la baja utilización de partes y piezas nacionales por parte de las terminales. Las importaciones de autopartes fueron de casi 4 mil millones de dólares entre enero y octubre, sólo en los productos con mayor volumen adquirido.
-El cuarto lugar en la serie 2012 fue para los circuitos impresos que se utilizan en los celulares, con 920 millones de dólares. Otros insumos electrónicos que utilizan las industrias de Tierra del Fuego motivaron importaciones por 2600 millones de dólares.
domingo, 3 de febrero de 2013
Lo apodan “la Justicia” - Reflexiones sobre el Poder Judicial
Democratización, una consigna que pateó el avispero.
El poder más elitista del Estado. Los que piensan que eso es un mérito y
algunas ideas para mejorarlo. La familia judicial, habría que agrandar
la mesa. Cuestiones de competencia. Horarios y vacaciones, jueces
trabajando. Se abrió el debate en un poder poco afecto a la visibilidad.
Las revueltas que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran implementaciones perfectas, pueden derrapar a desmesuras, casi siempre son respuesta a necesidades políticas tácticas. Como sucedió con la ley de medios, siembran en terrenos ya arados o en polémicas ya construidas. La diferencia, nada menor, es que quien se pone al frente es un gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.
La convocatoria es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos, desafía a los sectores implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en estos días. Organizaciones de magistrados se arrogaron la representación de todos sus pares y se rasgaron las vestiduras. Muchos de sus colegas reaccionaron contra la movida unanimista, instada por varios integrantes de la Corte Suprema que tiraron la piedra y escondieron la mano. Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se reconocían en sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se reunirán en la Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión contra una cultura del silencio.
- - -
Tropa de elite: Hablamos del único poder del Estado cuyos integrantes son, en principio, vitalicios y no surgen del voto popular. A los jueces se los moteja de “Su Señoría”, un vocablo nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año XIII) chocante a cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del Estado más aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del principio constitucional de intangibilidad de sus salarios.
El elitismo deriva de la propia conformación de la magistratura: sólo la componen abogados. Es una obviedad, dirá usted, por las tareas que desempeñan. Así es, pero el sesgo del elenco judicial no debe pensarse como una virtud o como un rasgo neutral sino como un lastre. Fuerza a tratar de compensar su elitismo y sectarismo, digamos congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los legisladores del Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo tocante a diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.
El cronista se adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio copernicano, “a la boliviana”. Apenas señala un escollo para que un poder público propenda a la diversidad y atenúe su elitismo.
En un trabajo profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?” http://www.sistemas judiciales.org.), el jurista Alberto Binder clava una pica en Flandes. “El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes, gobernadores, intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial Stella Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de prestar “un servicio público digno a la gente”. La mayoría de magistrados y funcionarios no presta atención a los litigantes. Muchos no los ven jamás o casi nunca. La cultura judicial es “leerse” en las valoraciones de sus pares, de los académicos, de los abogados como mucho.
- - -
Lo importante es la familia: La expresión “familia judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con lealtades firmes más allá de lo funcional y a un poder donde las presencias familiares se reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos. Stella Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de los tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia prevaleciente es tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense, en las que se forman jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a un título de grado, serían un buen “semillero” de oxigenación. Más concursos en rangos bajos, una herramienta posible, aunque la entorpece la significativa cantidad de personal contratado que revista en los tribunales federales o nacionales. Los concursos para secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos por la aciaga Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida. Abrir, ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.
- - -
Hablo para que no me entiendas: La jerga forense es otro factor elitista. Está plagada de expresiones ajenas al lenguaje común, poco atentas a la perspectiva del receptor. Otra característica antidemocrática y aun antipopular.
Binder da en la tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de sentencias”: “información irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula, preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante demasiado extendida”. Frente al problema detecta “poco entrenamiento y preocupación”.
A diferencia de legisladores, gobernadores, ministros o presidentes los jueces no dependen para progresar en su carrera, o para mantenerse, de que el judiciable los entienda y les crea.
La notificación judicial de casi cualquier acto es incomprensible aun para una persona con buena formación intelectual que no sea abogado. Una citación no se entiende, un mandato necesita ser traducido al castellano. A nadie se le ocurre predicar que, cuanto menos, en las comunicaciones a las partes se combinen el vocabulario formal con otro inteligible para el vulgo. Toda una señal.
- - -
Cuestiones de (in)competencia: Lo críptico, lo cifrado es un atributo del poder autoritario. Vale también para las reglas de la competencia de los Tribunales. Materia abstrusa que proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear los trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que el fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas minucias, agrava las dificultades. El argumento-pretexto es la gran especialización de los magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre el afán de prestar decorosamente un servicio público. La competencia es muy restrictiva, detallista, restrictiva.
Pero en chocante contrapartida, existe otra institución aun más incomprensible para cualquier lego. Es el “control difuso” que consiste en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley.
Usted, imagino, supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia constitucional de su Cámara Superior o de la misma Corte si han fijado un criterio. Usted piensa con lógica, vade retro: se equivoca. Aunque haya jurisprudencia en contrario, aun en la cúspide del PJ, cualquier juez puede decretar una inconstitucionalidad.
El mecanismo es ensalzado como prueba de autonomía cuando es anárquico, tiende a debilitar a otro estamento del Estado. Edifica una jerarquía “de facto” que nada tiene que ver con la afamada división de poderes. Y genera incerteza, por no decir inseguridad jurídica...
Una solución que (horror) simplificaría sería crear un método por el cual un tribunal constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que pueda declarar inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo sucesivo, que esa ley se ejecutara. Sería una solución imperativa para el resto de los tribunales y para los otros poderes. Julio Maier es un destacado jurista, eminencia en Derecho Procesal Penal, docente universitario, ex juez. Afirma que esa solución es viable y no requiere reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia cree que ese cambio solo podría provenir de una reforma constitucional.
- - -
Cautelar fácil: Caso Clarín mediante, los abusos de medidas cautelares están de moda, también el debate respectivo. La explicación será entonces breve. Un mecanismo de protección se transforma en un sustituto perverso de la sentencia.
Las prisiones preventivas son uno de los abusos más repetidos y más preocupantes de las cautelares. Acá hay que distribuir responsabilidades: “la tribuna”, muchos periodistas, funcionarios y dirigentes políticos claman por detenciones durante el proceso, que deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El saldo de una prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un juez no debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.
- - -
La cultura del trabajo: Un servicio público que, en lo primordial, cierra durante un mes y medio al año es algo chocante... fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un mes y medio de “feria” combina privilegio sectorial con perjuicio a los ciudadanos. Acentúa la prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en invierno.
Según las normas vigentes, el horario de los jueces y secretarios federales y nacionales se extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas semanales durante diez meses y medio es una carga modesta, para gente que hoy día cobra muy buenos sueldos y jubilaciones muy superiores aun respecto de quienes tengan similares ingresos.
Desde luego, es un milagro encontrar a un juez a la hora de iniciación. Más de una vez, organizaciones de abogados hicieron recorridas tempranas que resultaron desoladoras: ausentismo casi perfecto.
Los magistrados afirman que es ocioso llegar tan temprano, que laboran mucho y mejor fuera de hora, amén de llevar trabajo a sus casas. Hay numerosos casos en que es así, hay otros que no. El control sistémico es cero.
- - -
Sean eternos (solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.
La cantidad de jueces puede ser parte de los motivos. La demora en la cobertura de juzgados vacantes (que pesa básicamente sobre el Ejecutivo) también.
Otro núcleo son los códigos procesales. La abrumadora predominancia de lo escrito y del papeleo vicioso. La proliferación de instancias. La existencia de códigos procesales diferentes en surtidas provincias no es el nudo del problema, aunque también lo acentúa.
Y los desempeños de los magistrados quizá sea la principal. Que dos juzgados del mismo lugar y de similar competencia produzcan resultados muy diferentes en calidad de la atención al público, duración de los expedientes y calidad de las sentencia comprueba que los factores personales pesan mucho.
Los plazos para el dictado de sentencias de primera instancia y de Cámara están fijados por ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica jerárquica: no hay tribunal superior que pueda sancionarla. Pero sería un gesto de autoridad y ejemplaridad que la Corte se autorregulara y se los impusiera.
- - -
Y mucho más: Esta nota, que queda corta en temas a abordar, deja entre paréntesis aspectos que sólo podrían corregirse mediante reforma constitucional. No es un punto de vista valorativo sino un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían comenzarse a trabajar.
No habla, tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a satisfacción de nadie.
No se centra en responsabilidades o carencias de otros poderes. No porque no existan sino porque han sido y serán objeto de otros artículos. También hay que señalar otra diferencia. Los integrantes de los poderes políticos son cuestionados y puestos bajo la lupa por sus propios pares. Los dirigentes de distintos partidos señalan sin piedad las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se da todos los días. Es una consecuencia de la competencia democrática, inaplicada en un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.
Ya que de cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las leyes, en los códigos de procedimientos, en los mecanismos de control, en perforar el secretismo judicial. Pero nada cambiará si los magistrados no hacen introspección, se bajan del pedestal, elaboran un mínimo inventario de los beneficios y exenciones especiales de que gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su cerrazón, la escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad sino como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.
Democratizar la democracia siempre es imperioso, en todos los ámbitos. A más oscuridad, a más sectarismo, a menos intervención popular es mayor la necesidad. Con amplio debate público, dentro de la ley, con afán de cambio y oxigenación.
mwainfeld@pagina12.com.ar
Por Mario Wainfeld
Al
Poder Judicial lo apodan “la Justicia”. Es un uso extendido, casi
unánime. El cronista libra una cruzada poco exitosa contra esa
sinonimia, propone llamarlo por su nombre, no más. La justicia es un
anhelo, una plenitud que las instituciones no logran. La actuación del
Poder Judicial, si se la mira bien, no la consigue casi nunca. Y casi no
hay que reprocharlo. Su finalidad esencial es restaurar equilibrios
supuestamente quebrados. Se orienta prioritariamente a dar certezas,
fijar las relaciones, que a aspiraciones más profundas y, ay, más
difíciles. Por eso la prescripción que cristaliza un derecho o la
impunidad por el mero transcurso del tiempo. Por eso la innumerable
cantidad de casos que se resuelven por formalidades. Una apelación
presentada un rato después de la hora prevista (o en otro juzgado, por
error material) es un mejor camino a la derrota absoluta que la falta de
derechos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a “democratizar”
el Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, con perdón de la sigla): pateó un
avispero. El oficialismo suele obrar así, acomete respecto de poderes
cristalizados, intocables o poco tocados. Genera un revuelo descomunal,
desata polémicas, batallas culturales. El fallecido ex presidente Néstor
Kirchner preguntó “¿qué te pasa Clarín? ¿estás nerviosho?”. Y miren
todo lo que sobrevino.Las revueltas que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran implementaciones perfectas, pueden derrapar a desmesuras, casi siempre son respuesta a necesidades políticas tácticas. Como sucedió con la ley de medios, siembran en terrenos ya arados o en polémicas ya construidas. La diferencia, nada menor, es que quien se pone al frente es un gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.
La convocatoria es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos, desafía a los sectores implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en estos días. Organizaciones de magistrados se arrogaron la representación de todos sus pares y se rasgaron las vestiduras. Muchos de sus colegas reaccionaron contra la movida unanimista, instada por varios integrantes de la Corte Suprema que tiraron la piedra y escondieron la mano. Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se reconocían en sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se reunirán en la Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión contra una cultura del silencio.
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Tropa de elite: Hablamos del único poder del Estado cuyos integrantes son, en principio, vitalicios y no surgen del voto popular. A los jueces se los moteja de “Su Señoría”, un vocablo nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año XIII) chocante a cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del Estado más aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del principio constitucional de intangibilidad de sus salarios.
El elitismo deriva de la propia conformación de la magistratura: sólo la componen abogados. Es una obviedad, dirá usted, por las tareas que desempeñan. Así es, pero el sesgo del elenco judicial no debe pensarse como una virtud o como un rasgo neutral sino como un lastre. Fuerza a tratar de compensar su elitismo y sectarismo, digamos congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los legisladores del Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo tocante a diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.
El cronista se adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio copernicano, “a la boliviana”. Apenas señala un escollo para que un poder público propenda a la diversidad y atenúe su elitismo.
En un trabajo profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?” http://www.sistemas judiciales.org.), el jurista Alberto Binder clava una pica en Flandes. “El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes, gobernadores, intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial Stella Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de prestar “un servicio público digno a la gente”. La mayoría de magistrados y funcionarios no presta atención a los litigantes. Muchos no los ven jamás o casi nunca. La cultura judicial es “leerse” en las valoraciones de sus pares, de los académicos, de los abogados como mucho.
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Lo importante es la familia: La expresión “familia judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con lealtades firmes más allá de lo funcional y a un poder donde las presencias familiares se reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos. Stella Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de los tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia prevaleciente es tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense, en las que se forman jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a un título de grado, serían un buen “semillero” de oxigenación. Más concursos en rangos bajos, una herramienta posible, aunque la entorpece la significativa cantidad de personal contratado que revista en los tribunales federales o nacionales. Los concursos para secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos por la aciaga Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida. Abrir, ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.
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Hablo para que no me entiendas: La jerga forense es otro factor elitista. Está plagada de expresiones ajenas al lenguaje común, poco atentas a la perspectiva del receptor. Otra característica antidemocrática y aun antipopular.
Binder da en la tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de sentencias”: “información irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula, preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante demasiado extendida”. Frente al problema detecta “poco entrenamiento y preocupación”.
A diferencia de legisladores, gobernadores, ministros o presidentes los jueces no dependen para progresar en su carrera, o para mantenerse, de que el judiciable los entienda y les crea.
La notificación judicial de casi cualquier acto es incomprensible aun para una persona con buena formación intelectual que no sea abogado. Una citación no se entiende, un mandato necesita ser traducido al castellano. A nadie se le ocurre predicar que, cuanto menos, en las comunicaciones a las partes se combinen el vocabulario formal con otro inteligible para el vulgo. Toda una señal.
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Cuestiones de (in)competencia: Lo críptico, lo cifrado es un atributo del poder autoritario. Vale también para las reglas de la competencia de los Tribunales. Materia abstrusa que proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear los trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que el fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas minucias, agrava las dificultades. El argumento-pretexto es la gran especialización de los magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre el afán de prestar decorosamente un servicio público. La competencia es muy restrictiva, detallista, restrictiva.
Pero en chocante contrapartida, existe otra institución aun más incomprensible para cualquier lego. Es el “control difuso” que consiste en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley.
Usted, imagino, supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia constitucional de su Cámara Superior o de la misma Corte si han fijado un criterio. Usted piensa con lógica, vade retro: se equivoca. Aunque haya jurisprudencia en contrario, aun en la cúspide del PJ, cualquier juez puede decretar una inconstitucionalidad.
El mecanismo es ensalzado como prueba de autonomía cuando es anárquico, tiende a debilitar a otro estamento del Estado. Edifica una jerarquía “de facto” que nada tiene que ver con la afamada división de poderes. Y genera incerteza, por no decir inseguridad jurídica...
Una solución que (horror) simplificaría sería crear un método por el cual un tribunal constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que pueda declarar inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo sucesivo, que esa ley se ejecutara. Sería una solución imperativa para el resto de los tribunales y para los otros poderes. Julio Maier es un destacado jurista, eminencia en Derecho Procesal Penal, docente universitario, ex juez. Afirma que esa solución es viable y no requiere reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia cree que ese cambio solo podría provenir de una reforma constitucional.
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Cautelar fácil: Caso Clarín mediante, los abusos de medidas cautelares están de moda, también el debate respectivo. La explicación será entonces breve. Un mecanismo de protección se transforma en un sustituto perverso de la sentencia.
Las prisiones preventivas son uno de los abusos más repetidos y más preocupantes de las cautelares. Acá hay que distribuir responsabilidades: “la tribuna”, muchos periodistas, funcionarios y dirigentes políticos claman por detenciones durante el proceso, que deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El saldo de una prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un juez no debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.
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La cultura del trabajo: Un servicio público que, en lo primordial, cierra durante un mes y medio al año es algo chocante... fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un mes y medio de “feria” combina privilegio sectorial con perjuicio a los ciudadanos. Acentúa la prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en invierno.
Según las normas vigentes, el horario de los jueces y secretarios federales y nacionales se extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas semanales durante diez meses y medio es una carga modesta, para gente que hoy día cobra muy buenos sueldos y jubilaciones muy superiores aun respecto de quienes tengan similares ingresos.
Desde luego, es un milagro encontrar a un juez a la hora de iniciación. Más de una vez, organizaciones de abogados hicieron recorridas tempranas que resultaron desoladoras: ausentismo casi perfecto.
Los magistrados afirman que es ocioso llegar tan temprano, que laboran mucho y mejor fuera de hora, amén de llevar trabajo a sus casas. Hay numerosos casos en que es así, hay otros que no. El control sistémico es cero.
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Sean eternos (solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.
La cantidad de jueces puede ser parte de los motivos. La demora en la cobertura de juzgados vacantes (que pesa básicamente sobre el Ejecutivo) también.
Otro núcleo son los códigos procesales. La abrumadora predominancia de lo escrito y del papeleo vicioso. La proliferación de instancias. La existencia de códigos procesales diferentes en surtidas provincias no es el nudo del problema, aunque también lo acentúa.
Y los desempeños de los magistrados quizá sea la principal. Que dos juzgados del mismo lugar y de similar competencia produzcan resultados muy diferentes en calidad de la atención al público, duración de los expedientes y calidad de las sentencia comprueba que los factores personales pesan mucho.
Los plazos para el dictado de sentencias de primera instancia y de Cámara están fijados por ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica jerárquica: no hay tribunal superior que pueda sancionarla. Pero sería un gesto de autoridad y ejemplaridad que la Corte se autorregulara y se los impusiera.
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Y mucho más: Esta nota, que queda corta en temas a abordar, deja entre paréntesis aspectos que sólo podrían corregirse mediante reforma constitucional. No es un punto de vista valorativo sino un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían comenzarse a trabajar.
No habla, tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a satisfacción de nadie.
No se centra en responsabilidades o carencias de otros poderes. No porque no existan sino porque han sido y serán objeto de otros artículos. También hay que señalar otra diferencia. Los integrantes de los poderes políticos son cuestionados y puestos bajo la lupa por sus propios pares. Los dirigentes de distintos partidos señalan sin piedad las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se da todos los días. Es una consecuencia de la competencia democrática, inaplicada en un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.
Ya que de cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las leyes, en los códigos de procedimientos, en los mecanismos de control, en perforar el secretismo judicial. Pero nada cambiará si los magistrados no hacen introspección, se bajan del pedestal, elaboran un mínimo inventario de los beneficios y exenciones especiales de que gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su cerrazón, la escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad sino como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.
Democratizar la democracia siempre es imperioso, en todos los ámbitos. A más oscuridad, a más sectarismo, a menos intervención popular es mayor la necesidad. Con amplio debate público, dentro de la ley, con afán de cambio y oxigenación.
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