Otra tontería imperial: Estados Unidos “espera” que Venezuela tenga comicios "justos y libres”

Por Jean-Guy Allard (Periodista canadiense) (especial)   Estados Unidos, el país con el sistema electoral más incoherente y engañoso del planeta, espera comicios "justos y libres" en Venezuela "como en cualquier otro país del mundo", afirmó el viernes el vocero del departamento de Estado Mike Hammer. Las mismas palabras habían sido pronunciadas apenas minutos antes por Roberta Jacobson, subsecretaria estadounidense para el Hemisferio Occidental, reporta el diario derechista El Universal de Caracas, "Nuestra posición es clara: esperamos que los venezolanos tengan la posibilidad de expresar sus preferencias de liderazgo de manera justa y libre”, destacó Jacobson poniendo implícitamente en duda el valor del sistema electoral venezolano. Lo ridículo no mata, dicen. Hammer y Jacobson tal vez no se enteraron que el expresidente norteamericano Jimmy Carter aseveró hace unos días que el sistema electoral venezolano es el de mayor calidad en el mundo y Estados Unidos “uno de los peores”. Una vez más en noviembre próximo, con la confrontación Obama-Romney, el actual sistema electoral –cuyas reglas fundamentales fueron establecidas en 1787–, la corrupción generalizada a través de las contribuciones millonarias ahora ilimitadas de las corporaciones a los fondos de campaña y la enajenación político-cultural hacen descartar toda esperanza de una elección presidencial realmente democrática. Estados Unidos, el país que tanto pretende imponer su versión de la democracia en cada rincón del mundo, posee uno de los sistemas electorales más complejos, incomprensibles e incongruentes del planeta. Para no extenderse en una enumeración interminable, aquí unas breves observaciones. Caso único en el mundo, cada estado o municipio determina el método de votación: papel con lápiz, cartón con bolígrafo, tarjeta perforada, aunque cada vez más se favorece el voto computarizado, manejado por empresas dominadas por intereses republicanos. Los sistemas de votación dependen de cada estado y, dentro de éste, de cada condado. En cada elección, miles de votantes, aunque formalmente inscritos, son luego excluidos de las listas electorales, mediante una serie de trucos como – entre muchos otros - el "caging" que permite eliminar a un elector si no contesta a una solicitud hecha por correo a su dirección. La gran mayoría de las víctimas de tales procesos de exclusión son negros, latinos o miembros de minorías raciales, un sector de la población más propenso a votar por los demócratas. Un ejemplo: en la Florida, más del 30% de los hombres negros no pueden votar por tener antecedentes penales. El Washington Post calculó en más de seis millones, en todo el país, la cantidad de personas contabilizadas más de una vez. De acuerdo a las quejas expresadas al terminarse el escrutinio del 2004, las irregularidades el día de votación son innumerables: además de la supresión deliberada del voto en zonas cuyos electores apoyan a los demócratas, de las urnas electrónicas que cambian el voto, de la anulación arbitraria de sufragios, el cómputo del voto es deliberadamente manipulado en numerosos distritos. El voto por correo es constantemente objeto de fraude. En el condado miamense de Broward, en el 2002, se determinó que 104 000 votos fueron omitidos por las máquinas y hasta 55 000 boletas perdidas en el correo. El controvertido uso de puestos de votación electrónicos que no emite recibos al votante, resultados de voto obviamente sin relación con la clientela electoral, fallos técnicos y demás desviaciones de resultados son constantemente (e inútilmente) objetos de denuncias, en cada escrutinio, en el territorio entero. El ciudadano norteamericano no vota por su candidato preferido sino a favor de un partido que designará Grandes Electores cuyo Colegio Electoral luego elegirá al presidente, sin obligación alguna de respetar el deseo del elector o a dar la presidencia al candidato con más votos. En el 2000, Al Gore tuvo la mayoría de los votos y George Bush recibió la Casa Blanca por el número de votos en el Colegio Electoral. Cada estado tiene un número de votos electorales según su población más los senadores con que cuenta, más el número de representantes a la Cámara Baja. ¿Entendió? ¿No? Normal, la mayoría de los norteamericanos tampoco. Casi nadie conoce a los Grandes Electores, personajes designados por los propios candidatos -parece que a nadie tampoco le importa su identidad-. El diseño y el rediseño de las circunscripciones se hacen periódicamente en función de los intereses de los elegidos, según la ubicación de su clientela electoral, de tal forma que la gran mayoría de los representantes a la Cámara Baja son reelegidos sistemáticamente. Las presidenciales tienen lugar siempre un martes cuando la mayoría de los electores están en el trabajo. Los medios de comunicación, que viven de la publicidad comercial de los grandes consorcios y que se benefician de las campañas millonarias de los grandes partidos, ignoran sistemáticamente a los candidatos de los terceros partidos. Y evitan criticar al conjunto del sistema. Según sondeos, una gran mayoría de los electores desean elegir al presidente en sufragio universal. De manera evidente, a pocos políticos les conviene cambiar un sistema que les asegura, en muchos casos, reelecciones casi automáticas. ¿Hay esperanza de que los norteamericanos, algún día, tengan un sistema electoral que respete las normas universalmente reconocidas de voto? No, mientras hay tipos como el vocero del departamento de Estado Mike Hammer, que siguen repitiendo inepcias, sugiriendo que el sistema electoral norteamericano es un modelo para la humanidad.     

Los golpistas no cejan, aunque cambian sus métodos

Los históricos Belgrano (no justamente el creador de la bandera) y Beccar Varela están tratando de sumar a las Fuerzas Armadas al intento destituyente.

La diferencia es que ahora les piden que manifiesten públicamente a favor de hacerle juicio político a la Presidenta. Van dos textos que, si no fuera por lo que expresan y con qué fines, deberían ser una antología del pensamiento más retrógrado y oligárquico.

Lean, por favor

PEDIDO A LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS

INTRODUCCIÓN:  He recibido copia de una carta dirigida por el Sr. Carlos Belgrano a los integrantes de las FFAA, interpretando el sentir del buen pueblo argentino. El pedido es que se sumen a las marchas del 8 de Noviembre próximo con el fin de potenciar el legítimo derecho de "peticionar a las autoridades", en este caso, al Congreso, para que destituyan mediante juicio político a "Señora Presidente, Ministros, Secretarios de Estado, Gobernadores Provinciales y demás funcionarios" sospechosos de numerosos delitos y de un pésimo desempeño.

A estos motivos pueden agregarse los que enumeré en los artículos 955, del 17/2/2010 y 1129, del 27/9/2012 que son más que suficientes para que el juicio político prospere.

La movilización, a la que deben sumarse todos los integrantes de las FFAA en su caracter de ciudadanos argentinos que no están exentos de sus deberes patrióticos por el hecho de vestir uniforme, sino todo lo contrario, es el único recurso que nos queda a los argentinos para librarnos de esta tiranía que nos está llevando inexorablemente al comunismo.

No otra cosa implican los reiterados ataques a la propiedad privada, a la libertad de los secuestrados políticos mediante parodias de juicios que no son otra cosa que "tribunales populares" en acción, a la libertad de entrar y salir del país, a la seguridad personal, al derecho de todo habitante de vivir en paz bajo un gobierno justo, sin caos social y sin la amenaza constante de grupos violentos que impiden el tránsito interno y la libertad de trabajo.

Todo esto, más muchas otras cosas semejantes las ha resumido la tiranía con el lema provocativo y desafiante acuñado por la propia Sra. Kirchner, "¡Vamos por todo!" y su significación ideológica ha quedado definida por su alianza efectiva con la Cuba castrista, la Venezuela de Chavez, Rusia y China.

Si alguna duda quedara, es público y notorio que el Poder Ejecutivo ha asumido la suma del poder público con la complicidad del Congreso, violando el art. 29 de la Constitución, motivo por el cual los diputados que lo consintieron no pueden integrar la Cámara a los efectos del juicio político por ser pasibles de la misma sanción del art. 29 que cabe a la Sra. Kirchner. La Cámara acusadora debe sesionar sin ellos.  

El peligro es gravísimo y los artículos 29 y 36 de la Constitución prevén soluciones precisamente para situaciones como la que vivimos. La acción del pueblo está dentro de la Constitución mientras que esta tiranía se ha puesto fuera de la ley desde hace rato.

Transcribo más abajo la carta recibida.

Cosme Beccar Varela

* * *

30 de septiembre, 2012

PEDIDO DEL PUEBLO ARGENTINO A LAS FUERZAS ARMADAS

Compatriotas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura:

En virtud a una solicitud expresa de cientos de Redes Sociales, en permanente comunicación con nuestros servidores, es nuestro propósito dirigirles esta misiva, para convocarlos a que con los medios disponibles a vuestro alcance, se plieguen a la Reuníon del Pueblo en Asamblea Abierta, que se dará cita en todas las ciudades y localidades de la Patria, el próximo 8 de noviembre.

Dirigimos esta arenga a los Jefes de todas las Unidades de las Fuerzas Armadas, que figuran como destinatarios de la presente.

Éste no es otro llamado tan lacónico como los cientos que les hemos hecho llegar anteriormente.

En esta oportunidad nos hemos de limitar, ante el estado de gravedad institucional por el que atraviesa la Nación, a una rogatoria, para que junto a la mayoría de la Argentinidad... desconociéndo (cualquier prohibición) que emane de la superioridad jerárquica proveniente del Ministerio de Defensa, ó incluso de una superior a ésta.

Planes tan macabros como inconstitucionales, se están articulándo desde la Presidencia, instándo a los seguidores de este fraudulento gobierno, para incorporar al más absoluto caos y anarquía como nuestra inminente forma de vida colectiva.

Desde un ingente y sistemático organigrama de expropiaciónes al sector agropecuario, pergeñado por un tal Emilio Pérsico, actualmente al timón del Ministerio de Agricultura, como otro tan grave y desestabilizante, esto es, la intrusión en las Cajas de Seguridad en las diversas sucursales bancarias, en las que el Argentino promedio pone a salvo sus ahorros de un sistema sovietizado de gobierno, que desembozadamente no disimula tal condición.

Porque este modelo kirchnerista pretende abolir el Derecho de Propiedad Privada, estimulándo el ingreso irrestricto de gente procedente del exterior, de dudosa y/o ninguna moralidad, para multiplicar los asentamientos emergentes, e incrementar la vagancia y la disolvencia sociológica.
  
No descartamos que esta Presidente y sus amigos, encuentren en una potencial (presencia) Castrense, el anhelo que los une, para sumergir a la Patria, en una guerra fraticida, pero descontamos que esta hipótesis en ejercicio, igualmente mutará de abstracta en fáctica un día de éstos.

Porque la administración de Justicia ha dejado de funcionar hace décadas.

Porque la actividad y control parlamentario es desde la misma época una mera simulación.

Porque los desfalcos en la Administración Pública, han burlado ya todas las estadísticas de tolerancia, que con guarismos mucho menores existen en otras latitudes.

Porque la violencia y el delito callejero, ha desbordado el contralor policial, infestado además de su propia corruptela que agiganta cotidianamente los crímenes impunes por la afinidad existente entre los criminales y sus perseguidores.

Porque la continuidad de la Democracia, surge como demasiado enturbiada, por el desarrollo de un infalible mecanismo electrónico de fraude, que le permitirá a esta malhadada administración, eternizarse en el poder, con la complacencia de los otros poderes del Estado cohechados, que ya se ha aplicado con un rutilante (y falso) éxito en las últimas presidenciales.

Y finalmente porque la Voluntad Popular, exige la cesación de todos los precitados y muchos otros excesos, como el monopolio de los medios de comunicación, que valida el fraude de la inflación y oculta el récord de felonías oficialistas de todo tipo, que merced a esa mordaza informática, permanecen silentes.

Infortunadamente, no existen resortes supletorios, como para desistir el convocar a nuestros Compatriotas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para que apliquen con su sola presencia junto a la mayoría de los Argentinos, el acicate inexorable, para someter a juicio público, a la Señora Presidente, Ministros, Secretarios de Estado, Gobernadores Provinciales y demás funcionarios, coludidos todos ó la mayoría de ellos, en el injusto preceptuado por el inciso 1, artículo 215 y concordantes del Código Penal de la Nación.

Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden.

Atentamente

Carlos Belgrano 

Contraofensiva monopólica ante el 7D

 

LA CONTRAOFENSIVA MONOPOLICA CONTRA LA LEY DE MEDIOS
Spot a spot, golpe a golpe

 

Por Mario Wainfeld

   

El Gobierno dio a conocer lo que piensa hacer el 7 de diciembre, si el multimedios Clarín no adecua su patrimonio a lo que dispone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual(LdSCA). Lo divulgó mediante un spot publicitario.

Martín Sabbatella guarda prudente silencio hasta que venza el período de impugnaciones a la propuesta de designarlo al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Clarín replicó mediante otro spot y una menuda claque de políticos y periodistas le hizo eco. Las acusaciones de “dictadura” estuvieron en el orden del día.

Contra lo que reza el discurso hegemónico, la conducta del oficialismo nada tiene de antidemocrática. Coloca en la vidriera al aspirante al cargo, como no lo hizo ninguna administración anterior desde 1983.

Y anticipa cuál será su accionar, lo que incluye una interpretación del fallo de la Corte Suprema que puso fecha límite a la medida cautelar interpuesta por Clarín. Exponer ante la opinión pública sus criterios y fundamentos puede ser discutible (todo lo es) pero tiene el valor de la visibilidad y la argumentación.

Por añadidura, la interpretación sobre el fallo de la Corte es razonable, a ojos del cronista la correcta.El texto de la sentencia deja pocos márgenes para una lectura diferente.

El blog Saber Derecho del joven jurista Gustavo Arballo desmenuza el texto de la sentencia y llega a la misma conclusión.

Arballo remarca un párrafo fundamental de la decisión de la Corte, el que establece:

“En consecuencia, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26.522 y se aplica a la actora. De ahí que, estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”.

Remarcamos con el blogger: el plazo para adecuarse venció hace cerca de un año. La ley es “plenamente aplicable” a Clarín. No se podría afirmar eso si el Multimedios estuviera dispensado de la cláusula antimonopólica.

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La medida cautelar que tocará a su fin fue interpuesta en paralelo con un juicio por inconstitucionalidad de la LdSCA. Se pidió “no innovar” para que se pudiera llegar a una sentencia, en un plazo razonable. El pleito principal no avanzó tanto, según explicitó la Corte, en buena medida por la mala praxis de los abogados de Clarín. Nadie puede alegar su propia torpeza en el Foro, menos beneficiarse por ella.

Las cautelares se pueden dictar (éste fue el caso) sin notificación a la otra parte y sin producir prueba. Son, por ésa y otras causas, de interpretación restrictiva: en caso de duda sobre sus efectos, debe elegirse el criterio que los aminore.

Lo que pretende Clarín, justo al revés de lo que proclama su discurso, es que esa cautelar lo coloque en situación de privilegio con relación a otros grupos mediáticos que también deberán adecuar su patrimonio a la normativa vigente. Esa ventaja es exorbitante, no tiene nada que ver con lo que se pidió.

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Aceptemos, al solo efecto de discurrir, que la cuestión del plazo sea polémica. Aún en esa hipótesis (insostenible) el Estado obra adecuadamente al anticipar su punto de vista y lo que serán sus próximos pasos.

“Todos los constitucionalistas” acuerdan con el criterio de Clarín, según se lee en las páginas de su principal diario. Este cronista asume sus limitaciones: no lleva la cuenta de la cantidad de constitucionalistas que se formaron y enseñan en las universidades argentinas.

Sí puede asegurar que son más que los siete que opinan en Clarín y medios aliados, por los que rotan en un verdadero road show. Tres de ellos son abogados de la Corporación mediática, lo que no los priva de derecho a pronunciarse, pero sí debería inducirlos a dejar constancia de ese detalle, que lastima su pretendida imparcialidad.

La falta de referentes culturales, sociales y del mundo mediáticos que acompañen la furia del Multimedios es notoria.

Se grita mucho, pero pocas voces claman. La asimetría se intenta compensar con el esfuerzo del ex secretario de Cultura menemista Julio Bárbaro, quien corre de un canal de cable a otro, como el “cinco” de un equipo cuyo mediocampo no marca a nadie. Las credenciales de Bárbaro son relativas, su narrativa minimiza la existencia de la ley o la niega. Es lícito criticar una norma dictada por el Congreso, no lo es hacer caso omiso de su vigencia.

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Se desconoce cuál será la táctica judicial del Multimedios. Su respuesta política es crispar su mensaje a niveles jamás conocidos. En ese devenir, se tergiversan noticias o se inventan, llanamente. Aislar frases de contexto deviene una costumbre cotidiana. El sonido se eleva, la furia es el tono cotidiano.

Frente a ese desafío, el cronista entiende que el mejor camino para el Gobierno es perseverar en la legalidad, que lo ampara, sin renegar de la firmeza.

La provocación del antagonista busca llevarlo a su propio terreno, el de la agresión y la prepotencia.El territorio más fértil para el Gobierno lo integran la ley, la sentencia de la Corte, su decisionismo. Sabbatella, un dirigente de sobradas credenciales democráticas, capacita para moverse en ese marco y también para implicarse en el debate público.

La gran pelea que disputó el boxeador Maravilla Martínez hace pocas semanas propicia una imagen. El Gobierno domina el ring, gana sobradamente por puntos, el final se acerca. No debe bajar la guardia ni subestimar a su adversario, ni menos dejar de seguir peleando.

Pero debe precaverse de caer en la tentación que casi le cuesta horrores a Maravilla: entrar en el desesperado juego del rival, entreverarse en un intercambio desesperado de golpes que es querido por el “otro”.

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El doble discurso del PRO

La autora trae a la memoria algunos momentos que ponen de manifiesto el doble discurso del PRO y sus principales figuras.

Por Julieta Costa Díaz (*) en Página/12 de la fecha. Los subrayados son nuestros.

Más allá de la buena decisión de designar a Martín Sabbatella al frente de la Agencia Federal de Sistemas Audiovisuales por parte de la presidenta Cristina Fernández –que seguramente redundará en una mayor eficacia a la hora de distribuir democráticamente la palabra–, me interesa destacar que a raíz de este nombramiento la diputada Laura Alonso ha vuelto a mostrar el doble discurso del que hacen uso y abuso ella y su partido, el PRO, en cuestiones relacionadas con la transparencia en los asuntos públicos y el respeto a las instituciones.

Empecemos por el caso más reciente. Enterada de la propuesta para designar a Sabbatella al frente de la Afsca, la diputada Alonso escribió en su cuenta de Twitter: “Sabbatella no puede pedir licencia. No se puede tener cargo en el Legislativo y el Ejecutivo. La Constitución Nacional es clarísima”. Amén de que la CN en su artículo 72 la deja sin argumento, ella debería recordar que su compañero de partido Esteban Bullrich estuvo casi un año de licencia de su banca de diputado nacional para trabajar como ministro de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires. Decía Pinedo en esa sesión del Congreso justificando el pedido de licencia: “En nombre de nuestro bloque, que es el que integra el señor diputado Bullrich, que él no está solicitando licencia para obtener un seguro de desempleo eventual, sino para prestar un servicio a la ciudad y al distrito que lo votó”, y concluía: “El pedido de licencia está previsto en el reglamento”.
Pero no es el único caso en el que el PRO y la diputada Alonso muestran un largo trecho entre lo dicho y lo hecho. Al producirse la vacante de procurador general de la Nación, la ex Poder Ciudadano dijo: “Espero que la Presidenta se inspire en aquel decreto de Néstor Kirchner y emplee para designar al nuevo procurador el mismo sistema que ideó el ex presidente para designar a los jueces de la Corte Suprema cuando se autolimitó y convocó a audiencias públicas en el Senado” haciendo referencia a los decretos 222 y 588 de 2003 firmados por el entonces presidente, que autoimponen un freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la facultad de designar a los miembros de la Corte y a las cabezas del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General, abriendo el juego a la participación ciudadana. De más está decir que no sólo la Presidenta cumplió, sino que el mecanismo funcionó tan bien que el candidato Reposo no llegó a ocupar el cargo que ahora detenta la doctora Gils Carbó, que fue sometida al mismo proceso. En cambio, no se escuchó ni una sola palabra de la diputada cuando Mauricio Macri derogó en el año 2010 el decreto 1620/03 firmado por Aníbal Ibarra, que era réplica de los aludidos precedentemente para designar a los máximos magistrados en el orden local.
Por último, en febrero de este año junto a otros diputados, la representante de la Ciudad por el PRO en la Cámara baja firmó un pedido de informes acerca de cuánto perciben como salario la Presidenta y su gabinete, información que fue publicada en los medios en marzo y que constituye un buen paso en el acceso a la información pública y que debería oficializarse normativamente. Ahora bien, ¿qué sucede en la Ciudad? Desde fines del año pasado le venimos solicitando al jefe de Gobierno que cumpla con la Ley 572, que lo obliga a publicar en la web oficial porteña mes a mes el salario de él y sus funcionarios, normativa que aún no ha cumplido Mauricio Macri y que la diputada Alonso no está preocupada en que se cumpla.
Doble discurso, doble moral y la caradurez discursiva de un proyecto político que ensaya en la Ciudad el retorno a un país para pocos.

* Juntista comunal por el Socialismo Auténtico - Comuna 13.

Votar a los 16? Experiencias comparadas

Con vos y voto

Jóvenes moviéndose por doquier. Votar a los 16, una propuesta que amerita una discusión serena. Experiencias comparadas. Derechos y deberes ya estipulados por leyes argentinas. Denuncias y editoriales enfadados, el espantajo de la ambición electoral. Ampliaciones de derechos: casos, antecedentes. Reformas que avanzan.

  Por Mario Wainfeld

Miles de estudiantes chilenos pueblan las calles, trastruecan el sistema político, crean o adecuan consignas, incorporan demandas. Tuvieron en vilo a la ex presidenta Michelle Bachelet, ahora jaquean a su opositor-sucesor Sebastián Piñera.
Reclaman por derechos, que en su mayoría rigen en la Argentina desde hace décadas. Son una torrentada, con discurso propio, cuestionamientos a un bipartidismo demasiado sesgado a derecha.
En Francia, pocos años atrás, jóvenes de barriadas populares protagonizaron jornadas de violencia política. Bregaban por visibilidad por trabajo, por equidad, por que se internalizara que son franceses, descendientes de migrantes a quienes se sigue discriminando por su origen o tonalidad de tez.
El desempleo en la Unión Europea es plaga, adivinen cuál es el tramo etario más vulnerado.
En el Manual de derecho penal, escrito por Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, se remarca que “los hombres jóvenes son los preferidos para la criminalización (mientras) la victimización violenta se reparte entre éstos, los niños, los adolescentes y los ancianos”.
En la Argentina, un proyecto oficial para conceder derecho a votar a las personas que hayan cumplido 16 años desata la consabida tormenta tropical. Los sectores irredentos de la oposición se alinean enfrente, de pálpito, denuncian manipulación. Desdeñan, sin explicitarlo, la inteligencia y autonomía de los potenciales nuevos votantes.
La Nación gatilla un editorial, flojito como pocos, y lo dispara casi sin mirar.
Es una saludable norma de ampliación de derechos, opinable… pero va en el rumbo indicado por las tendencias locales y mundiales. Ampliaría la participación ciudadana, un objetivo que se supone muy valorado y compartido.
Una eventual ley “templada” que atañe a variables complejas no habilita la furia y esquematismo con que se le responde. La celeridad del oficialismo, su afán turbulento de acelerar al mango sus iniciativas puede motivar recelos o críticas.
Pero en el fondo de la cuestión, sencillamente, el kirchnerismo es más audaz e innovador que sus alternativas. Y cuenta, dato nada menor, con capacidad de convertir sus propuestas en realidades.
Las interesantes movidas de ampliación de derechos de los gobiernos kirchneristas pueden, a estos afectos, clasificarse en dos vertientes. Algunos habían sido reclamados por minorías activas (de los sectores involucrados, académicas, culturales, políticas, militantes y algún etcétera): la ley de medios, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el matrimonio igualitario. El oficialismo se montó, con su potencia impar, en oleadas preexistentes.
En otros casos, los reclamos no gravitaban tanto o no existían, al menos en la esfera pública. El cronista anotaría allí los beneficios previsionales y laborales para las empleadas domésticas, la universalización de las jubilaciones para quienes no tenían aportes (amas de casa) o no estaban al día. La génesis distinta no les resta valor ni legitimidad. El voto a los 16 puede añadirse a esta lista.
Quienes vaticinan manipulación, control de las decisiones de chicos y chicas adolescentes dentro de un año, tres o cinco, saben poco de política y subestiman el peso que tienen los derechos universales.
Una vez institucionalizado el derecho, sus titulares lo defenderán, lo harán suyo y lo expresarán como mejor les plazca. Tal el encanto de los derechos universales: se incorporan al patrimonio de su titular y guay de quien amague sacárselo, máxime en la Argentina democrática.
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La mirada de los otros: La Nación camina en la cuerda floja cuando fulmina la idea. Algo ha cambiado en el siglo XXI: la platea de doctrina debe a veces sofrenar la sinceridad, disimular su idiosincrasia. El clima de época imperante desautoriza ciertos discursos.
Nadie podrá aseverar si esta variación perdurará por siempre o por mucho tiempo. De momento, discriminar “de frente” queda muy feo, deja en falsa escuadra, aun a un medio confesamente procesista. Aleluya, por lo pronto y mientras dure.
En el ínterin, pues, La Nación no descalifica la inteligencia de pibes o pibas.
Ni siquiera subestima a los inmigrantes con más de un año de residencia en el país, que podrían ser comprendidos en el nuevo régimen electoral.
Su argumento en contrario es endeble, de oportunidad. No hay que hacer tantas reformas en poco tiempo, ralentan. El año pasado se implantaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), rememora el editorial.
Y alerta: su resultado anticipó el de las elecciones generales.
O sea, la herramienta que es un avance, ya ensayado en la provincia de Santa Fe, se descalifica por una contingencia coyuntural: hubo demasiados votos para Cristina Fernández de Kirchner. Pecado mortal, para el dogma pseudorrepublicano.
Sobraron motivos políticos, económicos y sociales para explicar el aluvión en las urnas, es necio atribuirlo monocausalmente a la innovación de las PASO. De ahí a la excomunión del mecanismo hay un milímetro de distancia, el periódico mitrista lo recorre a paso redoblado.
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Luces y sombras: El kirchnerismo, claro está, tiene luces y sombras en sus desempeños en esta materia. Lascandidaturas testimoniales fueron un enchastre, una pésima praxis. Fíjese usted qué casualidad: ante esa añagaza el “rebaño” de votantes, los “rehenes” castigaron al kirchnerismo como nunca antes y nunca después.
En cambio, las PASO aportan a la calidad institucional. También a la combinación entre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la reforma política que abrieron una hendija de oportunidad a partidos minoritarios para irrumpir en los medios.
Unos cuantos diputados opositores, mayormente de origen progresista o de centroizquierda, tenían presentados proyectos semejantes al que moviliza, a su ritmo habitual, el senador Aníbal Fernández.
Un síntoma de la etapa: no se abroquelaron con los adversarios a todo lo que mociona el oficialismo. Insisten en sus propuestas, bregan por debatir detalles. Algunos, como la no obligatoriedad del voto, abren discusiones sugestivas.
La diferenciación de los bloques opositores vuelve a dejar de lado el diseño del Grupo A tan infausto para sus propias chances y para la calidad democrática. Enhorabuena por el viraje, que enfila bien.
El ex gobernador socialista Hermes Binner recordó que se afilió al socialismo no bien cumplió 16 años. El ex presidente Raúl Alfonsín y muchos correligionarios han referido anécdotas similares.
Afiliarse no era un trance de iniciación, sino de convalidación posterior. En otros tiempos, la vocación política brotaba joven. Para algunos, seguramente para una proporción minoritaria… pero su sangre transfundía fuerza y novedad. De eso se trata, casi siempre.
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Primero, que vayan en cana: El análisis comparativo mundial comprueba que el piso etario favorito es 18 años. Los promotores del proyecto señalan que Brasil, Ecuador, Cuba y Austria reconocen el voto a los que cumplieron 16 años.
También lo hay en cantones suizos. La iniciativa postula una ampliación de derechos que no prima, pero que no es estrafalaria. Cabe añadir que en otros países se discuten cambios en la edad y todas las propuestas consisten en bajarla, jamás en aumentarla.
En la Argentina, la tendencia es también a conceder derechos a edades más tempranas. La mayoría de edad, tan luego, se bajó de 21 años a 18 años sin que hayan acontecido cataclismos, que se sepa. Y quien osa casarse se emancipa antes. También aquellas personas precoces, que acceden a un título habilitante antes de los 18.
La consistencia del derecho electoral con otros tipos de facultades o deberes es un aspecto intrincado, porque el sistema legal actual (ya antes de que emergiera el proyecto que analizamos) es una buena ensalada. Los Códigosmás amplios están desactualizados y plagados de incongruencias: debido a eso se están reformando el Civil y el Comercial por un lado, y el Penal por otro.
Un vistazo panorámico que combina reglas actuales y alguna de posible pronta sanción, comprueba que losargentinos de 16 años son ya titulares de significativos derechos y cargas.
Contra lo que se clama en muchos medios, los 16 años son el parteaguas más significativo para la imputabilidad penal. Los menores de 16 años no son punibles en ningún caso.
Entre 16 y 18 años son punibles respecto de los delitos más graves. Sólo tienen alguna diferencia en delitos de acción privada o que, dando lugar a acción pública, estén castigados con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, multa e inhabilitación. O sea, la diferencia es respecto de delitos relativamente leves.
Para realizar libremente una actividad laboral hace falta tener 18 años, según la ley de Contrato de Trabajo. Un menor que ya tenga 16 puede hacerlo con autorización paterna. Esa autorización se presume si el menor vive independientemente de la familia. O sea, si resuelve abrirse, puede contratar en plenitud de derechos.
Con un cacho de incongruencia, la Ley de Asociaciones Profesionales permite afiliarse a quienes tengan más de 14 años. Si están afiliados, tienen derecho a votar. Para aspirar a cargos electivos, deben esperar a la mayoría de edad.
Según el anteproyecto de Reforma del Código Civil que se aborda en estos días, “a partir de los DIECISEIS (16) años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”. Recórcholis.
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Margaritas a los chanchos: El voto femenino provocó reacciones más furibundas, aunque algunas resuenan como un eco, en estos días. Los jóvenes no califican, that is the question, pontifican –sin elementos empíricos a la vista– adultos que no siempre dan la talla.
Las alertas cunden. “Intento de una maniobra electoral que tiene como objetivo la utilización de este segmento de posibles votantes con intenciones electorales” alerta un breve y poco sustancioso comunicado del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
Dignatarios de la Iglesia surfean en la ola clarinista y denuncian que La Cámpora busca infiltrarse en los colegios religiosos. La demonización de la agrupación juvenil entra, quizás, en una etapa inquisitorial. Vade retro, Satanás.
Los cargos sobre electoralismo son muy precarios, asombra que surjan de dirigentes de partidos de tradición popular. La sal y la pimienta de la democracia es que los dirigentes traten de conseguir apoyos populares tangibles y mensurables.
Si nos ocupamos del conteo de porotos, parece dislocado que un conjunto de ciudadanos inferior al 5 % del padrón (que no sufragará en su totalidad) pueda impactar sustancialmente en el veredicto colectivo. Un actuario ahí: ¿qué porcentaje de pibes debería apoyar al kirchnerismo para torcer el amperímetro?
Por añadidura, si algo es conspicuo es la rebeldía y versatilidad de jóvenes y adolescentes. Y cuán impredecibles son sus conductas presentes o futuras para los adultos.
Por cierto, el kirchnerismo no carece de afanes políticos, pero estos parecen ubicarse en otro cuadrante. Bien mirada, la movida trata de granjearse la simpatía de los nuevos titulares de derechos. Una jugada que está en el abecé del sistema democrático.
El primer peronismo lo consiguió con los trabajadores y las mujeres, el yrigoyenismo con los sectores medios. El kirchnerismo interpeló a minorías de género, a comunicadores sociales, a jubilados. Es una procura legítima, en tanto las conquistas ayuden a la cohesión social y a la promoción de grupos o sectores relegados.
En paralelo, se celebran las audiencias públicas que debaten la reforma a los Códigos Civil y Comercial. La comisión redactora del anteproyecto es prestigiosa e insospechada de seguidismo. Las audiencias pueden ser criticadas por la brevedad de los plazos concedidos a los oradores.
Pero hay contrapesos que minimizan el reproche: la vastedad de la concurrencia, el itinerar por toda la geografía nacional, la onda expansiva de la polémica que llega a medios, universidades, la blogósfera.
Son vivencias democráticas y participativas interesantes, mejorables por definición, también con pocos precedentes comparables. Progresos, en suma, no sin contraindicaciones o aspectos mejorables en el futuro.
A veces el kirchnerismo extrema reflejos facciosos. Puede caer en homologar la política al conflicto, un elemento esencial mas no excluyente. En democracia hay también instancias de cooperación. Es imperioso congregar, atraer a los no convencidos ni encuadrados, construir hegemonía, persuadir, sumar.
El oficialismo es más versátil de lo que pintan sus rivales: sabe variar de menú, cuando pinta. Hay momentos en que abre el juego, amplía la esfera de derechos, hace suyas propuestas de otros, relegadas a segundo plano por su falta de poder.
En esas circunstancias, una de las cuales hemos intentado sobrevolar, resultan chocantes las respuestas de muchos de sus adversarios. Intransigencia, cerrazón, lentitud de reflejos, denuncismo vacío, incapacidad de priorizar contenidos sobre anécdotas.
Advertir esas falencias, que se hacen grito con asiduidad, ayuda (en parte, claro) para delinear los límites y carencias del sistema político real existente.

Entusiasmo puesto en duda

Las autoras desmenuzan el impacto económico y social de las modificaciones genéticas patentadas por Monsanto.

Por Valeria Arza y Anabel Marin *

El Ministerio de Agricultura aprobó recientemente la liberación comercial de una nueva soja transgénica denominada “Intacta RR2 Pro”. El anuncio fue recibido con entusiasmo por diversos sectores políticos y económicos del país y nos preguntamos si esa reacción es justificada. Repasemos los hechos. En 1996 Argentina aprobó el primer cultivo transgénico, la “soja RR” tolerante al herbicida glifosato y lo hizo casi al mismo tiempo que la innovación apareciera por primera vez en Estados Unidos. La soja RR se difundió en un paquete tecnológico junto a un conjunto de insumos y prácticas, como el uso del glifosato, la siembra directa y la mecanización, lo cual potenció sus rendimientos aumentando sensiblemente tanto la productividad agropecuaria como el área destinada a este cultivo: la producción de soja en 2009-2010 representaba casi el 56 por ciento del total de la producción agrícola del país.
Existen discusiones en algunos ámbitos académicos y de movimientos sociales acerca de las consecuencias negativas de la difusión del paquete sobre el medio ambiente, la salud de quienes viven en zonas donde se fumiga con glifosato, el empleo y la pequeña producción agrícola, la concentración económica, la diversidad productiva y la seguridad alimentaria del país, entre otras, y cabe preguntarse cómo esta nueva variedad, más potente que la anterior, afectará todas estas dimensiones. Creemos que el diseño de la agenda pública en materia de política agropecuaria debe fomentar y contemplar un debate amplio acerca de las distintas maneras de practicar agricultura y cuál es la más adecuada para nuestra sociedad.
En este artículo, sin embargo, nos concentraremos en discutir los hechos que generan entusiasmo a la luz de lo acontecido con la soja RR para preguntarnos si pueden esperarse efectos similares con esta nueva variedad que llega 16 años más tarde que la primera innovación.
La soja RR se difundió muy ampliamente y con mayor velocidad que en otras latitudes, en parte debido a que el gen que le confiere la tolerancia al herbicida quedó en libre disponibilidad para ser usado por quien así lo deseara porque Monsanto, quien detenta internacionalmente la propiedad intelectual de dicho gen (y también del glifosato), no patentó la tecnología en el país en los plazos que establece la ley. Este hecho abarató sensiblemente el precio de la semilla, generando aumentos notables en la rentabilidad agrícola y en la recaudación impositiva asociada. Además, dinamizó la industria local de semillas impulsando el surgimiento de una gran variedad genética de semillas de soja, con diferentes características agronómicas, todas ellas ofreciendo la misma tolerancia al glifosato. Algunos ejemplos de este buen desempeño local son: Don Mario, Nidera, Bioceres, Buke, etc.
La situación cambió sustancialmente ahora. En esta oportunidad, la soja “Intacta RR2 Pro” llega a la Argentina luego de que Monsanto perdiera varias batallas, nacionales e internacionales, libradas contra el gobierno nacional desde el año 2004, cuando la empresa inició reclamos de regalías sobre la tecnología de soja RR –en ese momento casi el 100 por ciento de la superficie cultivada de soja era con soja transgénica–. Sin embargo, para el lanzamiento de la nueva tecnología, Monsanto consiguió imponer como condición no sólo el compromiso oficial de defender sus intereses frente al de los productores –CFK en un discurso público se comprometió a garantizar el respeto por las patentes, siendo que ahora sí Monsanto tiene la tecnología patentada en el país– sino también el compromiso establecido en acuerdos privados con la industria semillera por medio del cual, para acceder a la nueva tecnología, se le exigirá al productor agropecuario que renuncie a los derechos de guardar semillas para la próxima siembra que le confiere la Ley Nacional de Semillas. Es decir, existen garantías públicas y privadas para que la mayor rentabilidad asociada a la nueva tecnología no sea apropiada por el productor agropecuario de la misma forma que en el pasado y por tanto tampoco las arcas públicas se verán beneficiadas de la misma manera. Asimismo, también con esto limita la posibilidad de utilizar el gen en futuras mejoras genéticas que pueda realizar la industria semillera local en el cultivo. En suma, con semillas más caras y protegidas no cabría esperar las mismas virtudes económicas (rentabilidad del sector agropecuario, recaudación fiscal y derrames tecnológicos en la industria de semillas local) que se asocian a la difusión de la soja RR. Resta por ver entonces si el entusiasmo actual es justificado.

* Investigadoras de Conicet y Cenit.

¿Bendición o maldición?

El autor explica claramente cómo el beneficio que representa el alto precio de la soja y otros cultivos, tiene un costado negativo para la economía en su conjunto.

Por Andrés Asiain * (Publicado en Página 12 del 3 de septiembre)

Los precios internacionales de la soja, el trigo y el maíz no paran de subir y han superado incluso los máximos niveles que registraran en 2007-2008, aquellos que desataron el conflicto por las retenciones móviles. Muchos analistas económicos hacen propio el viejo dicho de “una buena cosecha y nos salvamos” y pronostican que la combinación de altos rindes y buenos precios que se espera para el año entrante permite despejar el panorama de la economía nacional. No es para menos, se calcula que las exportaciones del rubro podrían generar 5000 millones de dólares extra. Si bien una parte considerable del excedente del sector agropecuario se vuelca a la compra de dólares, las recientes restricciones en el mercado de cambio permiten esperar que las mayores exportaciones de granos y oleaginosas alivien la situación del sector externo y permitan financiar las importaciones de insumos y maquinarias necesarios para el despegue de la actividad económica.
Pero si en el plano externo los altos precios de los alimentos suenan a una bendición, en el plano interno pueden generar grandes inconvenientes. Un informe reciente de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche muestra que el incremento en el precio interno de los alimentos registrado entre 2006 y 2012, se explica en gran medida por el alza internacional de la cotizaciones de los granos y oleaginosas de exportación. La utilización del trigo y maíz como materia prima para la producción de fideos, harinas, polenta, engorde de pollos, entre otros, hace que parte de la inflación externa se traslade a la mesa de los argentinos.
Adicionalmente, el alza de la soja también afecta el precio de los alimentos pese a que pocos argentinos incluyan en su dieta a la oleaginosa. Es que el yuyo verde compite con las demás producciones por el uso de la tierra cultivable, incrementando los costos de los arriendos que se mueven al compás de su cotización internacional. El valor de la hectárea en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires se multiplicó por tres en los últimos 6 años, alcanzando los 10.000 dólares promedio para julio de 2012.
Otro efecto indirecto del auge sojero es el desplazamiento de los cultivos de verduras, hortalizas y frutas de la periferia de las ciudades, con el consiguiente encarecimiento de los costos de producción y transporte. El desarrollo de numerosos emprendimientos inmobiliarios de amplias extensiones destinados a sectores de altos ingresos ha sido alimentado por el excedente del agro, desplazando a los quinteros que tradicionalmente ocupaban ese espacio.
El alza del precio de los alimentos afecta especialmente a los sectores más humildes de la población. El gobierno nacional ha venido paliando esa situación a través del incremento de las jubilaciones, las asignaciones, los planes sociales y los sueldos de estatales. Todo ello implica gastos financieros que reducen el aporte real de recursos del sector agropecuario al Estado. Por otro lado, los mayores precios de los alimentos inducen pedidos de incrementos salariales que aumentan los costos laborales de las empresas y que son transferidos a precios por sus empresarios. Ello reduce la competitividad de la industria, especialmente la pequeña y mediana, y obliga a una serie de medidas administrativas de restricción de importaciones para evitar que sean desplazadas por la competencia externa. El sostenimiento de un proyecto de reindustrialización con inclusión social, descansa en gran medida en la posibilidad de lograr mantener un suministro de alimentos para el mercado interno a precios bajos. Ello requiere una fuerte intervención estatal en el sector agropecuario que se imponga a la lógica de avance de la soja que hoy determina el mercado mundial. El ejemplo de Brasil, tantas veces traído a cuento por los intelectuales de la derecha, puede ser útil en este caso. Pese a su creciente producción de oleaginosas, el país vecino logró sostener un espacio de pequeños agricultores familiares que hoy suministran cerca del 70 por ciento de los alimentos que consumen los brasileños. Su presidenta acaba de anunciar créditos cercanos a los 9000 millones de dólares para el desarrollo de ese sector.
En Argentina, aún sobreviven en los márgenes de la frontera agropecuaria un amplio sector de pequeños campesinos. Una fuerte política estatal de apoyo al desarrollo de ese sector podría ser una fuente de abastecimiento de alimentos para los sectores populares. De paso, se estimula la configuración de un nuevo actor social que pueda enfrentar el conservadurismo político que emana de las organizaciones que conforman la Mesa de Enlace.
* Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.

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